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El Problema:
La Central Nuclear Embalse (CNE) es una planta de generación eléctrica ubicada a orillas del Embalse del Río Tercero, a 100 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Está en funcionamiento desde el año 1984 y posee una potencia de 600 MW. El diseño de la planta es de origen canadiense, conocido por la sigla CANDU. Utiliza Uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante. Esta usina genera menos del 3% de la electricidad del país, pero para funcionar pone en peligro a más de 4 millones de personas en 300 kilómetros a la redonda que podrían ser afectadas en el caso de un accidente severo. Para funcionar, Embalse demanda 90 toneladas anuales de Uranio, fomentando así la expansión de la minería de Uranio en nuestro país. Una vez que este combustible se consume, se convierte en un cóctel de elementos radiactivos entre los cuales se encuentra el letal Plutonio-239, que estará activo por 250 siglos y quedará alojado en el territorio provincial. Entre 1961 y 2010, Atucha y Embalse generaron 18.170 kg de Plutonio que está almacenado junto a cada una de las plantas. Este elemento puede ser utilizado en un dispositivo atómico como el detonado sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Luego de 60 años de energía atómica en el mundo, aún no se conoce un destino seguro para esta basura radiactiva. Durante su funcionamiento, la CNE emite Tritio-3, una forma radiactiva del hidrógeno, al ambiente aumentando las probabilidades de contraer cáncer en la población cercana. Las emisiones de Tritio que informa la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en el lago de Embalse, están más de dos veces por encima de las recomendaciones máximas de la Unión Europea. La licencia de operación de la CNE le otorgó 210.240 horas efectivas de plena potencia (HEPP) desde que alcanzó criticidad. En marzo de 2012 la central agotó sus horas de funcionamiento y debió salir de servicio. Sin embargo, dos meses después, la ARN emitió una resolución a través de la cual modifica la licencia de Embalse extendiendo sus HEPP a 225.000 –aproximadamente dos años más de funcionamiento–, por lo que Embalse sigue operando hoy, más allá de su vida útil de diseño. La modificación de la licencia de operación de la planta representa un riesgo adicional que la CNE está corriendo al continuar en funcionamiento. La ARN parece subestimar los riesgos que representa el desgaste de los componentes críticos de la planta. Dado el contexto de crisis energética que atraviesa el país, motorizado por la falta de inversiones en infraestructura y generación, así como una excesiva política de subsidios al consumo, el Gobierno Nacional pretende extender la vida útil de Embalse por 30 años más. Las obras, que equivalen a la instalación de una nueva planta, no cuentan con un Estudio de Impacto Ambiental, ni una Consulta Pública, como establece la Ley General del Ambiente. Se está avanzando en forma ilegal, sin informar y sin el debido consentimiento. Según el Ministerio de Planificación, las obras demandarán una inversión de US$ 1.366 millones. La experiencia internacional es muy distinta. El operador de una central canadiense idéntica a Embalse, Gentilly-2, anunció que comenzaría el desmantelamiento de la planta luego de realizar un nuevo estudio económico que elevó los costos a alrededor de US$ 4.300 millones. Nada indica que, si se cumplen todas las medidas de seguridad necesarias, el costo vaya a ser inferior al evidenciado en Gentilly-2. En 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.190 que establece que para 2016 un 8% de la electricidad generada debe provenir de fuentes renovables. Al día de hoy sólo un 0,2% es renovable, acorde a los términos de dicha ley. No ha habido hasta hoy una política clara y firme para cumplir con la meta del 8%. Si la inversión de Embalse se dirige al desarrollo y despegue de fuentes limpias, seguras y renovables, como la eólica, podemos cumplir con la Ley 26.190, y fortalecer una red eléctrica sin consumo de combustibles fósiles, sin los perjuicios de la energía atómica contribuyendo a evitar el cambio climático. Embalse debe comenzar un proceso de cierre y desmantelamiento, que generará empleo en la región durante aproximadamente 60 años, al mismo tiempo que evita la generación de más basura radiactiva, más minería de Uranio y más riesgo para los cordobeses. Conocé toda la información sobre la Central Nuclear Embalse leyendo nuestro documento. Hacé click aquí
Dioxitek S.A.
Dioxitek S.A es una empresa que elabora dióxido de Uranio, una materia prima que se utiliza para la elaboración del combustible de las centrales nucleares del país, y fuentes selladas de cobalto-60, de diversos usos industriales y medicinales. La fábrica funciona desde noviembre de 1982 emplazada en barrio Alta Córdoba de la capital provincial. El 99 % de su paquete accionario es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1 % restante, del Gobierno de la provincia de Mendoza.
Desde su comienzo, las 8 hectáreas del predio, estaban rodeadas por las casas del poblado barrio Alta Córdoba. Así mismo, el crecimiento de la población cordobesa hizo que cada vez aumentaran más las construcciones cerca de Dioxitek, inclusive construcciones en altura. Desde 1994, a pedido de grupos de vecinos y movimientos ambientalistas, el gobierno municipal comenzó con las gestiones para su relocalización y el saneamiento del pasivo ambiental que se encuentra en el predio, que consiste en alrededor de 57.600 toneladas de colas de mineral de Uranio, según datos de la CNEA.
En los siguientes 18 años se barajaron posibilidades como su traslado a Los Gigantes y Despeñaderos, en la provincia de Córdoba; San Rafael, en Mendoza, y, por último, La Rioja. Distintas regulaciones impulsadas por la población frenaron la instalación de Dioxitek en estas localidades.
De esta manera, en octubre del 2012, la Municipalidad de Córdoba clausuró la empresa Dioxitek S.A. por violar la ordenanza 8.133 de uso de suelo. Posteriormente se firmó un acta acuerdo entre la Municipalidad de Córdoba y CNEA, en el cuál se estableció un plazo máximo de un año y medio con seis meses más de prorroga (noviembre del 2014) para que la empresa abandone definitivamente Alta Córdoba y se inicie el saneamiento del pasivo ambiental.
Esto deja claro no sólo la peligrosidad, sino también la ilegalidad permanente con la que opera esta planta en la ubicación actual, de cara a algún accidente de la misma. La iniciativa municipal es la más adecuada para terminar definitivamente con esta situación. Actualmente la Municipalidad de Córdoba aguarda la presentación de un plan de cierre de la planta por parte de CNEA que cumpla técnicamente con los resguardos ambientales correspondientes.
Leé el Convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Hacé click aquí para descargarlo
Minería y Procesamiento de Uranio
Las propiedades del Uranio lo hacen único para su aplicación tanto con fines militares como civiles. Entre los primeros, con altos niveles de “enriquecimiento”, es posible construir una bomba atómica como la que detonó Estados Unidos en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Entre los usos civiles, se destaca su uso como combustible para generar electricidad en centrales nucleares. Estas son las únicas dos industrias que sostienen la extracción de Uranio.
El principal suministro del Uranio que demandan globalmente los reactores nucleares es la minería. Más de la mitad del Uranio extraído en el mundo se recupera a través de la minería a cielo abierto y de minería subterránea. El Uranio se encuentra en la roca en muy baja ley –entre un 0,1% y 0,2% del total de la roca procesada, alrededor de 1.000 o 2.000 gramos por tonelada de roca–, por lo que existe un gran desperdicio de mineral residual. Los residuos provenientes de la minería del Uranio, están constituidos mayoritariamente por las “colas del mineral” (a las que se les extrajo el Uranio aprovechable) y por los “estériles de la minería” (la roca extraída con muy bajo contenido de Uranio). Esos residuos contienen las mismas sustancias radiactivas que poseía el mineral original y que no fueron separadas, como el Radio, el Torio o el Potasio.
Un tema de especial preocupación en la industria uranífera, es el potencial de contaminación
por el decaimiento radiactivo del Uranio y sus sub-productos asociados, así como los Drenajes Ácidos de Roca (DAR) y la lixiviación del metal. Estos contaminantes pueden ser liberados al ambiente a través de distintas vías, incluyendo el aire, el agua superficial y acuíferos subterráneos, pudiendo provocar impactos adversos tanto en los trabajadores mineros, como en la población y el ambiente cercano a las minas.
El riesgo más serio asociado con estos procesos es el cáncer de pulmón debido a la inhalación de productos del decaimiento del Uranio. Las colas de mineral contienen materiales radiactivos, entre los más importantes están el Torio-230, el Radio-226, el Radón-222 (el conocido gas radón) y la serie generada a partir del radón que incluye al Polonio-210. También se encuentran metales pesados como el manganeso y molibdeno. Todos estos elementos pueden filtrarse dentro de las napas y cursos de agua, contaminar este precioso recurso y poniendo en riesgo la salud humana.
Luego del proceso de molienda y de ser lixiviado con ácido sulfúrico, la resultante “yellow-cake”, como se la conoce, es procesada y purificada para obtener dióxido de Uranio, la materia prima para el combustible nuclear. Este proceso se realiza en la fábrica que posee la empresa Dioxitek S.A. en la ciudad de Córdoba.
La etapa de conversión suma una nueva serie de descargas gaseosas, líquidas y sólidas producto de los diferentes procesos químicos. Estos residuos contienen Uranio y sus diferentes productos de decaimiento o desintegración (como el Radio-226). Durante la operación de esta planta se han repetido incidentes con emanaciones gaseosas de amoníaco.
La CNEA extrajo 2.513 tU en ocho complejos mineros. De ellos, 1.809 tU se extrajeron utilizando técnicas de minería a cielo abierto y lixiviación en pilas, y 704 tU con minería subterránea, todos en depósitos de areniscas. En Córdoba se explotaron dos sitios específicos: Los Gigantes y el Sitio Córdoba, donde hoy funciona la planta Dioxitek. Ninguno fue remediado.
Los Gigantes almacena 2.400.000 toneladas de colas de mineral, 1.000.000 toneladas de estériles y 600.000 toneladas de marginales. El Sitio Córdoba conserva 57.600 toneladas de colas de mineral. Si bien estos sitios se encuentran comprendidos por el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), impulsado por la CNEA, aún no se han comenzado las tareas de remediación, representando un peligro potencial para todos los cordobeses.
En junio de 2012 la Comisión Nacional de Energía Atómica comunicó su plan de desarrollo nuclear a 2030. De respetar el escenario planteado por la CNEA, se infiere que el país debería extraer la totalidad de sus recursos uraníferos a través de minería a cielo abierto con lixiviación en pilas, incluso antes de remediar los pasivos ambientales existentes en la actualidad.
La Provincia de Córdoba ya legisló adecuadamente en esta materia y, a través de la Ley 9.526. sancionada en 2008, prohibió la minería de Uranio y Torio en la provincia. Es necesario que inste a la CNEA a remediar los pasivos ambientales con urgencia.La única actividad uranífera que debe realizar Córdoba y Argentina, es la remediación. Córdoba ya ha dado el ejemplo de su voluntad para que así sea.
La minería de Uranio es el primer eslabón de la industria nuclear. Hacé click aquí para conocer sus impactos.