El pasado lunes, 30 de marzo, se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una Audiencia Pública con motivo de discutir el veto a la Ley de Glaciares sancionada por unanimidad en la Cámara de Senadores el pasado 22 de octubre del 2008 y vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo Nacional el día 10 de noviembre del 2008.
A la audiencia, organizada conjuntamente por la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Diputado Nacional Miguel Bonasso, asistieron la diputada Marta Maffei, autora de la ley, investigadores y ONGs, como así también expusieron sus opiniones los científicos Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y Osvaldo Canziani, copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y Premio Nóbel de la Paz en 2007.
El Defensor del Pueblo señaló, entre otras cosas, que “no proteger a los glaciares como fuentes de agua es un acto criminal cuyas consecuencias sufriremos todos”. A su vez, Bonasso, Presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja, afirmó que “el autor intelectual” del veto decidido en noviembre pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, quien según dijo tuvo en el último tiempo reuniones con empresarios mineros.
La ley, sancionada con el número 26.418, está basada en un proyecto de la diputada Marta Maffei, y tiene como objeto establecer «los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas». Prohíbe y/o restringe la ejecución de proyectos o actividades en ellos, como así también la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura, la exploración y explotación minera y la instalación de industrias, entre otros, y obliga a las actividades permitidas a realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental. A la vez, crea el Inventario Nacional de Glaciares que será realizado por el Instituto Argentino de Niviología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El veto total del Poder Ejecutivo Nacional, Nº 1837/2008 fundamenta el rechazo a la norma explicando que la misma atenta contra las competencias de las provincias y su poder de policía sobre los proyectos a ejecutarse y en ejecución, afecta directamente los emprendimientos en desarrollo que ya cuentan con autorizaciones ambientales de las mismas y define a las prohibiciones contempladas en el Art. 6 como excesivas, «no pudiendo constituir válidamente parte de un presupuesto mínimo ambiental». A la vez, señala que la gran mayoría de los glaciares que están ubicados en el territorio continental argentino, se encuentran en las adyacencias del límite internacional con la República de Chile, en áreas que se encuentran aún pendientes de demarcación. Si el veto presidencial no es tratado y rechazado en el presente año, quedará confirmado automáticamente. Sin embargo, el Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Miguel Bonasso, prometió insistir en las próximas sesiones incorporar su tratamiento y afirmó contar con las mayorías necesarias para la conformación del texto original.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente de la Nación, junto al Senador Daniel Filmus, Presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Senadores, en cumplimiento del decreto presidencial, continúan organizando encuentros con los Gobernadores involucrados y Legisladores a los fines de llegar a un consenso que permita obtener un texto superador de la ley sancionada. Se estima que para el mes de abril, se realizarán jornadas para oír también la voz de la sociedad civil.