Este miércoles 15 de septiembre el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, deberá informar ante el Congreso Nacional, acerca de la gestión de gobierno en diversos temas, entre ellos la aplicación de la ley nacional de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos, sancionada en noviembre de 2007, como así también otras políticas nacionales relativas a la problemática de la expansión de la frontera agropecuaria sobre el bosque nativo.
El informe a presentar deberá tener en cuenta las preguntas que los diputados hayan enviado y acordado. Las remitidas por el Presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el diputado Miguel Bonasso, son:
1) Sírvase remitir un informe completo y actualizado del proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en cada una de las jurisdicciones provinciales y las medidas que el Estado Nacional dispuso en consecuencia;
2) Informe el grado de cumplimiento efectivo, por parte del Estado Nacional, de lo establecido en el art. 6, párrafo 2° de la Ley 26.331;
3) Detalle, si hubiera, políticas activas del estado nacional para limitar la expansión de la frontera agropecuaria, señalada en documentos de la Secretaría de Ambiente, como la principal amenaza a la integridad de los bosques en nuestro país.
Como lo venimos sosteniendo, la conflictividad generada a partir de los procesos de ordenamiento territorial del bosque nativo en las provincias no es un caso aislado de Córdoba. En Corrientes, el Poder Judicial impugnó la primera normativa dictada por no haber surgido de un proceso participativo. En Salta, la Universidad Nacional de esa provincia presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza solicitando se declare inconstitucional la ley sancionada (N° 7543) por ser contraria a la ley nacional de presupuestos mínimos y no considerar a las comunidades aborígenes de su territorio. En forma más reciente, las comunidades mapuches Motoco-Cárdenas y Cayún, de Lago Puelo, y Leopoldo Quilodrán y Lorenzo Pulgar Huentuquidel, de El Hoyo de la provincia de Chubut presentaron una acción de amparo contra la ley provincial de bosques de esa provincia, ya que afirman no fueron tenidos en cuenta en el proceso. La causa está radicada en el Juzgado de Familia N° 2 de la ciudad de Esquel.
Estos procesos de ordenamiento territorial surgen de un mandato de la ley nacional 26331. El desarrollo adecuado de los mismos depende del esfuerzo de las autoridades provinciales y nacionales. En este último caso, es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dependiente de la Jefatura de Gabinete, la autoridad nacional de aplicación de la ley.
El informe anual que realizará el Jefe de Gabinete, es una obligación regulada en el artículo 101 de la Constitución Nacional el cual establece: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno…”.
Para más información:
Alejandro Vera
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Laura Ruth Giménez
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www.leydebosquescordoba.com.ar
www.cedha.org.ar