Jorge Daniel Taillant es fundador de CEDHA y dirige su trabajo en glaciares y minería

Córdoba, Mayo de 2008 – Los vecinos de Chacras de la Merced comenzaron su lucha por acceder al agua potable en 1992; en mayo de 2008 y con una sentencia judicial de por medio, se encuentran a días de conectarse en forma definitiva a la red de agua. Por primera vez la justicia de Córdoba reconoce el derecho al agua como derecho humano y establece como deber del Estado el asegurar los derechos de sus ciudadanos, incidiendo en el gasto público estatal para atender necesidades de comunidades históricamente marginadas.

Luego de que en diciembre de 2004, el juez de 8° Nominación en lo Civil y Comercial, Fernando Rubiolo ordenara a la Provincia de Córdoba a “asegurar a los amparistas una provisión mínima de 200 litros diarios de agua potable hasta tanto se realicen las obras pertinentes que posibiliten el pleno acceso al servicio público de agua potable…”, comenzaron diferentes negociaciones con los organismos pertinentes de la Provincia con el fin de extender el derecho reconocido a los 4 amparistas hacia el resto de la comunidad afectada, de forma tal de encontrar una solución definitiva.

Los esfuerzos mancomunados de la comunidad, del Tribunal, de la Clínica Jurídica de la Fundación Cedha en su carácter de asesor jurídico, de los vecinos y de funcionarios comprometidos como los Ingenieros Bresciano y Vallejos de la DiPAS (director y subdirector, respectivamente), dieron sus frutos al fin, cuando el sábado pasado se terminó de conectar la última válvula a la cañería que permitirá acceder al agua que provee la perforación ubicada en Villa la Merced por parte de los vecinos de Chacras.

En el transcurso de esta semana, y previa valoración y aprobación de los análisis de calidad del agua, se abrirá dicha válvula permitiendo que los vecinos cuenten por fin con el servicio público tan esperado.

Se han logrado grandes cosas y se ha trabajado arduamente para que por primera vez la justicia de Córdoba reconozca el derecho al agua como derecho humano y establezca como deber del Estado el asegurar los derechos de sus ciudadanos, incidiendo en el gasto público estatal para atender necesidades de comunidades históricamente marginadas.

Ante la inminencia de la conexión definitiva del Barrio Chacras de la Merced a la red de agua potable, luego de 16 años de reclamos, cabe destacar el rol de la justicia como promotora de políticas públicas con el objeto de garantizar la plena vigencia de los derechos de los habitantes.

“Chacras de la Merced” es una historia de cómo se logró movilizar a personas, a actores judiciales, políticos, y medios de comunicación, todos ellos involucrados en acciones tendientes a favorecer el desarrollo sustentable. Todavía no termina, pero sin duda alguna, avanza.

 

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