En el último mes hemos sido testigos de investigaciones reveladas por los medios y procedimientos realizados por autoridades nacionales sobre prácticas de trabajo esclavo en la industria agroalimentaria.[1]
En el caso de NIDERA S. A., una empresa multinacional (EMN), la investigación se realiza por varias violaciones a Derechos Humanos en trabajadores temporarios y por evasión fiscal. Las acusaciones sobre el trabajo esclavo hacen referencia a contratados por NIDERA S.A. para desflorar maíz, que según los informes mediáticos se encontraban en pésimas condiciones. Dormían hacinados en casillas de chapa, estaban privados de su libertad, sin agua potable, baño ni electricidad.
Tras una denuncia de la Patrulla Rural del Partido de San Pedro, delegaciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) realizaron el miércoles 29 de enero un operativo en el establecimiento “El Algarrobo” arrendado por NIDERA S. A., en el partido de San Pedro, a 160 Km de Capital Federal. Allí detectaron condiciones de trabajo esclavizantes, por lo que la Justicia inició una causa caratulada como “Reducción a la Servidumbre”.
Se trata de 133 trabajadores golondrinas oriundos de las localidades de Ojo de Agua y Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero, y de localidades de la provincia de Tucumán, muchos de ellos menores de edad, de entre 16 y 18 años. En el lugar, el operativo halló casillas de chapa dispuestas como albergue transitorio. En cada una de ellas dormían unas 18 personas, hacinadas y en pésimas condiciones habitacionales, sin luz, sin agua potable y con lonas enclavadas en la tierra a modo de baños.
El médico Julio Caraballo, director de Bromatología de San Pedro, dijo a una radio local que las condiciones eran las de un campo de concentración, con dos agujeros en el suelo como baños, sólo aislados por una cortina cosida con bolsas de NIDERA S.A.. También vió a un adolescente que se bañaba con agua acarreada en un recipiente de agrotóxicos.
En este marco CEDHA condena las prácticas empresariales violatorias o amenazantes de los Derechos Humanos y llama al cumplimiento de la normativa vigente en la Argentina sobre Derechos Humanos, que eleva a los tratados de Derechos Humanos aprobados por Argentina al máximo rango jerárquico de aplicación de ley. Asimismo llama al seguimiento e implementación de las Líneas Directrices OCDE para Empresas Multinacionales.
El fiscal Darío Giagnorio, del Departamento Judicial de San Nicolás, llegó con el procedimiento ministerial y actuó de oficio. Instruyó una causa por “Reducción a la Servidumbre” y además por “Malversación de Caudales Públicos”, puesto que entre los alimentos que se encontraron para los trabajadores, se hallaron fideos con el sello del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, de comercialización prohibida. En su declaración, los trabajadores señalaron que fueron contratados “para trabajar para NIDERA S.A.” en la desfloración de maíz en un campo de 2.000 hectáreas, donde cumplían un estricto horario de más de diez horas, incluido el día de Navidad.
Las víctimas indicaron, todo según el informe de prensa, que no se les permitía la salida del establecimiento y que no sabían cuánto cobrarían al final de la tarea, salario que se vería reducido por el descuento de la comida, hecho que NIDERA S.A. niega en un comunicado.
Muestra de las instalaciones sanitarias según la prensa.
En el marco de la investigación hay siete imputados que fueron aprehendidos y excarcelados al otro día tras prestar declaración en San Nicolás.
La Oficina de Rescate a la Víctima de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación tomó intervención y envió trabajadoras sociales y psicólogas que brindaron asistencia, especialmente a los menores de edad.
Si bien la empresa niega fehacientemente todas las acusaciones, y alega cumplimiento total a las normativas vigentes, incluyendo la autorización de los padres de los menores contratados, las imágenes y testimonios presentados mas la investigación fiscal denotan al menos una gran irregularidad que deberá ser investigada hasta las ultimas consecuencias.
El deber de proteger los Derechos Humanos del Estado ante violaciones de las Empresas Multinacionales se debe plasmar en monitoreos periódicos para detectar en forma temprana las violaciones. Las Empresas Multinacionales deben cumplir con la legislación vigente en el país y con las claras recomendaciones que los Estados han realizado con relación a su actividad mediante las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las Líneas Directrices claramente remarcan el respeto por los Derechos Humanos en su capitulo II. Las mismas se encuentran en pleno proceso de revisión, y tiene previsto incorporar un capitulo entero sobre la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos por parte de las Empresas Multinacionales.
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Víctor Ricco