Abril, 2008- En el marco del seguimiento de proyectos de mega infraestructura para el desarrollo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) el Centro de Derechos Humanos y Ambiente asistió a la Audiencia Pública sobre el Gasoducto del Noreste (GNEA), desarrollada el reciente 17 de Abril en la localidad de Presidencia Saenz Peña, en la provincia de Chaco.
Durante este procedimiento, organizado por la Subsecretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia del Chaco, la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) presentó el estudio de impacto ambiental que versa sobre el potencial impacto ambiental y social que el gasoducto depara para las comunidades de la Provincia del Chaco.
La primera parte de esta audiencia fue dedicada exclusivamente a la exposición por parte de los ingenieros de ENARSA a cargo del proyecto a la presentación de cada uno de los capítulos de este estudio que consta de 14 tomos, de aproximadamente 5000 fojas. Posteriormente a esa presentación se abrió a preguntas de los asistentes quienes en su mayoría introdujeron dudas respecto a la instrumentación del proyecto.
CEDHA planteó la necesidad urgente de coordinar el estudio de impacto ambiental con la aplicación de la metodología de evaluación ambiental y social estratégica que se está promoviendo dentro de la iniciativa IIRSA, de la cual forma parte el GNEA. Ante este planteo las autoridades de ENARSA admitieron no estar al tanto de la iniciativa regional de la cual forma parte este proyecto y señalaron que en sus planes se encuentran limitados a cumplimentar con los requisitos legales vigentes aplicables al proyecto.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos IIrsa, y sus potenciales y actuales impactos en cientos de comunidades sudamericanas, continúa siendo un motivo de preocupación para los potenciales afectados así como para las organizaciones de sociedad civil, la ausencia de un análisis integral acerca del impacto socio ambiental de los proyectos y del modelo de infraestructura para el desarrollo que se persigue
Un punto importante a destacar es la absoluta ausencia de representantes de pueblos originarios en la Audiencia, máxime si se tiene en cuenta que el mismo tendrá un impacto directo en tierras de comunidades tobas, wichis y mocovíes. Desde ENARSA se informó que posteriormente a la aprobación en las diferentes jurisdicciones se harían reuniones informativas con las diferentes comunidades afectadas. Sin embargo preocupa la situación de que este tipo de medida, posterior al proceso de toma de decisiones no garantiza el derecho de participación pública de las comunidades nativas en este proceso, derechos expresamente establecidos en la Constitución Nacional, legislación provincial y normativa internacional de Derechos Humanos, que persigue garantizar los derechos humanos a la salud, la calidad de vida y el ambiente de las comunidades argentinas.
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Juan Carballo
Verónica Cipolatti