13 de Junio del 2011– El Juez Ossola dio comienzo a un peritaje químico de la contaminación del Río Suquía a partir de una medida judicial presentada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) en el 2010.
La planta depuradora Bajo Grande funciona desbordando su capacidad de tratamiento desde el año 1998 por lo que desagota en las aguas del Río Suquía líquidos cloacales mal tratados, impactando negativamente en el ambiente. Bajo estas circunstancias, el día 4 de junio del 2010 CEDHA presentó una acción judicial solicitando que se obligue a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba a sanear y recomponer el Suquía entre Bajo Grande y el kilómetro 18 del camino a Chacras de la Merced y a establecer un sistema de monitoreo continuo sobre el ambiente dañado por la presencia de la planta depuradora. Las principales zonas afectadas por esta situación incluyen a los barrios Chacras de la Merced, Unidos y Ciudad de Mi Esperanza; Corazón de María (Malvinas Argentinas) y la comuna de Capilla de los Remedios
Basado en el pedido de la ONG, el 23 de junio del año pasado el Juez Federico Ossola libró sendos oficios a la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Carolina Scotto, para que designe dos interventores, un ingeniero civil y un ingeniero químico, que informen sobre la condición actual de Bajo Grande, y requirió la intervención de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de Primera Nominación a cargo de Alicia García de Solavagione, al entender que esta causa es de orden público.
Sin embargo, no fue hasta el 13 de Junio de 2011 que se comenzaron los trabajos de peritaje químico, a cargo del Ing. Carlos Mancini, para determinar el nivel de contaminación del curso de agua bajo la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Juan M. Picolotti, abogado de CEDHA, expresó: “Ante la inacción de los Ejecutivos municipales y provinciales, la Justicia ha evaluado rápidamente la problemática y tomó dos medidas preventivas que probarán con claridad manifiesta el funcionamiento deficiente de la planta de tratamiento y la magnitud del daño causado por los volcamientos de la misma”. El peritaje consiste en el monitoreo mensual durante seis meses en el periodo estival y no estival y su monto requerido por el tribunal asciende a unos 90 mil pesos aproximadamente.
Para más información:
Juan M. Picolotti