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A menos de una semana del Dia Mundial de los Glaciares casi 100.000 personas pidieron manifestarse sobre la propuesta de modificar la Ley de Glaciares, la única ley del mundo que protege a glaciares y a los suelos congelados del ambiente periglacial por su función como reserva hídrica y como reguladores de cuencas. La consigna de miles de personas a lo largo del país, movilizadas para opinar ante el Congreso, es «NO a la reforma de la Ley de Glaciares»!

Desde el año 2008 Argentina decidió (por voto unánime en el Congreso de la Nación) que la protección del agua vale más que los beneficios de la extracción mineral en ambientes hidrológicos altamente sensible y vulnerables de los Andes. La Ley de Glaciares prohibió la actividad minera y La exploración y explotación minera e hidrocarburífera en aquellos ambientes frios donde se acumula el hielo (en forma de glaciar) en superficie y bajo tierra (en los ambientes periglaciales). Proyectos como Pascua Lama, Veladero, El Pachón y numerosos otros han dinamitado hielo, han abierto caminos exploratorios, y han contaminado glaciares y suelos congelados del ambiente periglacial por su actividad extractiva, justamente lo que la Ley de Glaciares quiere evitar.

A pedido de empresas como Barrick Gold, y otras dueñas de proyectos mineros como El Pachón, Los Azules (San Juan), y Agua Rica (Catamarca), la entonces Presidente, Cristina Fernandez de Kirchner vetó la ley de glaciares que había sido aprobada en 2008 unánimemente, porque consideraba que la ley «podría afectar el desarrollo económico de las provincias» aludiendo expresamente en el texto del veto al sector minero como uno des los sectores afectados. El veto presidencial, conocido por quienes defienden la ley como «el Veto de Barrick«, dio inicio a una campaña nacional y una lucha en el Congreso para la vuelta de la Ley de Glaciares.

Decenas de proyectos mineros en provincias como San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, que proponían realizarse en zonas de glaciares y en suelos congelados del ambiente periglacial ricos en recursos hídricos, frenaron sus inversiones y aguardaron atentamente el desenlace que se daría en el Congreso y en la sociedad. Luego de un largo debate y una movilización social a nivel nacional a favor de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la ley 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, quedó firme el 28 de octubre del año 2010, y así, los proyectos mineros más contenciosos y directamente impactantes en zonas glaciarias y en ambientes periglaciales se detuvieron. Barrick Gold no demoró en atacar la ley y si bien logró su freno parcial y temporario en tribunales federales de San Juan, eventualmente perdería su embestida en contra de la Ley de Glaciares en la Corte Suprema algunos años más tarde. La Corte afirmó la vigencia de la ley.

Hoy, el gobierno nacional busca eliminar el impasse creado por la ley, y remover el freno a proyectos mineros proyectados en zonas de glaciares y sobre ambiente periglacial con un proyecto de reforma de la ley de glaciares (que ya obtuvo media sanción en el Senado con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención). El proyecto de ley da a las provincias la discreción de decidir qué glaciares proteger y cuales no, y también qué ambientes periglaciales sacrificar a la minería pudiendo determinar a nivel provincial si un glaciar o un ambiente periglacial tiene o no relevancia hídrica.

La ley de glaciares que está actualmente vigente establece que todo glaciar y ambiente periglacial con hielo es una reserva hídrica, funciona como regulador de cuenca, y está protegido por ley. La ley también estableció que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología, y Ciencias Ambientales (IANIGLA) quien debe realizar un inventario de glaciares de la República Argentina, el que fue completado en 2018, identificando casi 17.000 glaciares en todo el país.

El proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso desató nuevamente un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición, por ignorar el establecimiento de presupuestos mínimos ambientales acordados por todas la provincias respecto a la protección de los glaciares, por la eventual violación del Acuerdo de Escazú y la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana sobre Cambio Climático si se el Congreso avanza en adoptar un proyecto de ley que retrocede en la protección ambiental, y por suponer que la ciencia de la glaciología (respecto a determinar la relevancia hídrica de un glaciar o ambiente periglacial) puede definirse de manera discrecional según criterios políticos de cada provincia. La propuesta de reforma también otorga a la provincia el poder de remover glaciares y glaciares de escombro (un tipo de glaciar de gran valor hídrico y parte del ambiente periglacial) del inventario de glaciares realizado por los técnicos y científicos del IANIGLA.

El siguiente paso, antes de ir a debate a la Cámara de Diputados de la Nación es la realización de una audiencia pública los días 25 y 26 de marzo de 2026. La plataforma virtual de participación pública en Diputados para el debate social ya está colmada, con casi 100.000 personas pidiendo expresarse sobre el proyecto de ley y para seguir el debate sobre la protección de glaciares. La plataforma está colapsada desde hace varios días mientras crece la presión al gobierno a desistir con la embestida a la Ley de Glaciares.

Informes de CEDHA sobre Glaciares y Minería

[foto: el proyecto minero de Glencore, El Pachón, en la Provincia de San Juan, reconoce que destruye ambientes periglacial para extraer cobre]