Comunicados,glaciares |
marzo 27, 2026

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Más de 100,000 personas fueron excluidas del debate sobre la propuesta reforma a la ley de glaciares, donde el presidente argentino Javier Milei quiere darle discreción a provincias mineras sobre cuales glaciares y ambientes periglaciales califican como reservas hídricas relevantes y merecen protección y cuales pueden ser sacrificados a favor de inversiones mineras. La propuesta de reformar la Ley de Glaciares apunta a allanar el camino para decenas de proyectos mineros que ya han impactado a glaciares y a ambientes periglaciales y que aun causarían mayores impactos de aceptarse las reformas.

Casi 102,000 personas, de sectores diversos de la sociedad argentina, incluyendo organizaciones ambientales, asociaciones de negocios, académicos, científicos, autoridades provinciales, asociaciones agrícolas, y personas comunes y corrientes sin afiliaciones institucionales, se registraron para la audiencia pública organizada por el Congreso para debatir las reformas propuestas a la ley. La gran mayoría se anotó para expresar su oposición a las reformas, particularmente la propuesta de darle a las provincias la discreción de poder sacrificar recursos hídricos y la función regulatoria de los glaciares y de los ambientes periglaciales que son importantes para todos los argentinos, a favor de inversiones mineras internacionales, que han dejado poco en términos de desarrollo para el pais.

Decenas de inversiones mineras esperan atentamente el resultado del debate y la eventual reforma de la ley, entre ellas Vicuña (BHP), El Pachón (Glencore), Los Azules (McEwen Mining/Rio Tinto), y Pascua Lama (Barrick Gold). A pesar de la masiva voluntad del público de participar en el debate del Congreso, menos de 100 personas pudieron manifestarse (menos del 0,1% de los inscriptos).

La Ley de Glaciares de Argentina protege a miles de glaciares del territorio del país, pero también protege a los suelos congelados del ambiente periglacial. Ambos son reservas estratégicas de agua dulce y ayudan a regular las cuencas de la mayor parte del país, sobre todo en los meses mas calurosos y secos, y especialmente en provincias áridas como San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, todas ricas en ambiente periglacial.

La Ley de Glaciares data del año 2008, cuando la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti promovió el proyecto de ley presentado por la Congresista Marta Maffei. El borrador yacía en comisión sin trato ni perspectivas de avanzar. Habiendo sido advertida por glaciólogos como Juan Pablo Milana y organizaciones civiles en San Juan del extendido impacto (en ese momento desconocido) de la minería en glaciares y ambiente periglacial, Picolotti hizo algunas modificaciones claves al borrador, entre ellas designar a la Secretaría de Ambiente de la Nación como autoridad de aplicación de la ley, a fin poder controlar el impacto del sector minero en glaciares y ambientes periglaciales que son importantes para toda la población argentina.

La ley cursó silenciosamente por el Congreso con la conducción de Picolotti. Fue adoptada unánimemente en el año 2008. Provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja, hoy fuertes opositoras de la ley, no elevaron su voz en contra y apoyaron incondicionalmente a la protección de los glaciares y ambiente periglacial. No entendían el impacto de la minería en glaciares, y que la ley generaría un impasse inamovible para los proyectos mineros que pretendian avanzar. Pero el sector minero internacional no tardaría en reaccionar e intervenir en el proceso legislativo argentino. Pocos días después vinieron los llamados de los dueños de proyectos como Pascua Lama y El Pachón, entre otros, alertando que la Ley de Glaciares recién votada unánimemente por el Congreso, inviabilizaba sus proyectos. La entonces presidente Cristina Fernandez de Kirchner tomó cartas en el asunto y vetó la ley, subrayando como razón de su veto, que proteger a los glaciares impediría el avance de multiples proyectos mineros en provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca. Fernandez le pidió a Picolotti que escribiera el razonamiento del veto, y ante su negación, la Secretaria de Ambiente de la Nación renunció a sus funciones, dejando el gobierno.

El veto del 2008 de la Ley de Glaciares es recordado al día de hoy como «el Veto de Barrick», y fue el origen de una campaña nacional que nació instantáneamente a favor de la protección de los glaciares y del ambiente periglacial que arrancó el día mismo del veto. Luego del veto, la vuelta de la Ley de Glaciares fue debatida largamente en el Congreso de la Nación durante dos años, y volvió a votarse con solo dos votos de diferencia (a favor). Se promulga en el año 2010 como la primer y única ley de glaciares del mundo.

La Ley de Glaciares fue un freno inmediato para decenas de proyectos mineros en zonas de altura de los Andes Centrales, tales como El Pachón que está proyectado sobre ambiente periglacial, que ahora está protegido por ley. Proyectos como El Pachón (Glencore), Los Azules (McEwen/Rio Tinto), Vicuña (BHP), y unos cuantos otros que se ubican en zonas congeladas con alto valor hídrico de la alta montaña, hoy no pueden avanzar sin mayores cambios a la ley de glaciares, que es la razón por la cual el gobierno de Milei está proponiendo su reforma.

Y aunque se reformara la ley, hay indicaciones que sería atacada en la justicia por grupos ambientales y asociaciones productivas que dependen del agua glacial para sus procesos de producción. La oposición a la reforma de la ley también subraya que la reforma violaría el principio de no regresión en la protección ambiental establecido por el Acuerdo de Escazú. La Corte Suprema de la Nación ya falló en contra de empresas como Barrick Gold, quienes atacaron la ley multiples veces, pero que no prosperaron.

Las pocas personas que pudieron hablar ante el Congreso fueron mayormente opuestas a la reforma, salvo una pocas voces a favor que se escucharon desde el sector minero, y también de un glaciólogo jubilado del IANIGLA que sugirió ante la mirada atónita de los reunidos, que los ambientes periglaciales son de poca relevancia hídrica. Quizás el pasado profesional del glaciólogo, como consultor de empresas como Barrick Gold, principal afectado por la ley actual, explique su aseveración.

Los mas de 100,000 inscritos en la audiencia pública que fueron excluidos del recinto, reclaman que la audiencia (así como la propuesta de reforma) fue y es violatoria de la ley, de los acuerdos internacionales firmados por Argentina, y de la propia constitución.

para mas información : ambienteperiglacial@gmail.com

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