La fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y 150 vecinos de la zona sur de la ciudad de Córdoba, presentaron hoy, una denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción Distrito 3, Turno 3 a acrgo de la Dr. Eve Flores, por incumplimiento de los deberes de funcionario público con el objeto de que el fiscal investigue si las autoridades de la Municipalidad de Córdoba han cometido un delito penal por la instalación y funcionamiento del predio de enterramiento transitorio ubicado a la vera de la ruta 36 y la posterior decisión de convertir este predio en definitivo sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por ley.
El actual predio de enterramiento no cuenta con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exigida por leyes nacionales, provinciales y municipales, ni con licencia ambiental de la autoridad provincial para su funcionamiento, solo posee un aviso de proyecto y estudio ambiental, el cual ha sido seriamente cuestionado por la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Córdoba.
Es importante recordar que el 14 de marzo del corriente el ejecutivo municipal presentó al Concejo Deliberante un proyecto de expropiación del predio de la ruta 36, con el objetivo de cambiar el predio de enterramiento de provisorio a definitivo, olvidando el acta compromiso suscripta con los vecinos donde el ejecutivo municipal no solo se comprometió a clausurar y remediar el actual predio, sino también ha realizar diferentes obras para la zona a los fines de minimizar el impacto ambiental causado, sumado esto a obras y estudios prometidos que a la fecha que no se han cumplimentado.
Al respecto el Dr. Picolotti, asesor legal de la presentación, manifestó que es ilegal e irrazonable presentar un proyecto de expropiación de un predio para afectar a la disposición final de residuos, sin haber realizado previamente la Evaluación de Impacto Ambiental respectiva. La Licencia Ambiental debe darla la autoridad provincial, el estudio de impacto ambiental debe ser hecho por las Universidades con especialidad en la temática, y obviamente debe haber una audiencia publica para escuchar a los potenciales afectados. Nada de esto sucedió y en consecuencia el intendente y el responsable del área ambiental deberán responder por estas flagrante omisiones.
Para más Información comunicarse:
Juan Picolotti – Clínica Juridica y Legislativa
cel: 351 156 422 654
Gabriel Andrada – Clínica Juridica y Legislativa