(Calgary, Canadá) – Una delegación latinoamericana de la sociedad civil llego a Calgary esta semana para la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo con el objetivo de monitorear los avances implementados hasta el momento en relación a los compromisos asumidos en la Declaración de Cancún – una agenda de 13 reformas sobre las cuales el Aumento de Capital del Banco deber ser condicionado. Durante la reunión anual del BID en Cancún en el 2010, los 48 países miembros accedieron a un incremento general de capital de $70 mil millones de dólares, una suma mucho menor a los $180 mil millones que el banco buscaba inicialmente para sustentar mayores niveles de préstamos.
Bajo un creciente cuestionamiento sobre el nivel de efectividad y el compromiso por parte del banco al desarrollo sostenible, se acordó que ciertas reformas claves son necesarias en el área de cambio climático, transparencia, salvaguardas ambientales y sociales y el manejo de resultados. El banco tiene como límite marzo del 2013 para implementar debidamente los 13 compromisos, siendo la Oficina de Evaluación y Supervisión, (OVE) la encargada de evaluar el proceso. Puntos prioritarios para la delegación:
- La efectiva implementación del Aumento de Capital del Banco:
Con el objetivo de convertirse en un “banco mejor”, se condiciono el histórico Noveno Aumento de Capital del Banco a 13 reformas que deben ser implementadas en el periodo 2010-2013. Aunque ciertas de estos compromisos fueron bien recibidos por parte de la sociedad civil, es preocupante que hasta el momento no se han socializado los avances concretos de la implementación de dichas reformas.
“Vale la pena recordar al respecto, que si bien el GCI-9 ha sido aprobado por los Gobernadores a mediados del año pasado, el mismo aún no se encuentra garantizado, quedando supeditado, tal como lo establece la propia Declaración de Cancún, a una implementación exitosa, oportuna y completa de las reformas convenidas”, puntualizo Gonzalo Roza, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina.
- El futuro de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de la Institución:
El seguimiento desde la elaboración hasta la entrega del Informe final sobre la revisión de las Salvaguardas Sociales y Ambientales (OP 703) realizado por el Grupo Asesor Independiente sobre Sostenibilidad (GAI), ha sido un tema de seguimiento prioritario para las organizaciones de la sociedad civil. Si bien se ha expresado el apoyo hacia varias de las recomendaciones del Informe, alarma y preocupa el cuestionamiento que el mismo hace a la Unidad de Salvaguardas (ESG).
“Reiteramos la importancia que el BID fortalezca una cultura institucional de planificación y capacidad institucional que permita internamente transversalizar las estrategias y políticas de relevancia como la de salvaguardas en todas las acciones y financiamientos del banco”, puntualizo Mayra Tenjo del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA) de Colombia.
- El estado de la Estrategia Integrada para Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y de Energía Sostenible y Renovable:
El banco tiene un mandato de destinar el 25% de la actividad crediticia a temas de cambio climático. No obstante, la Estrategia puesta en consulta no evidencia cómo dicha institución pretende cumplir dicha meta. Por otro lado, un riesgo latente en la Estrategia de Cambio Climático es la no definición de energías renovables – las cuales pueden incluir hidroenergía, energía nuclear y biocombustibles-, fuentes que han demostrado su gravedad en impactos socioambientales.
“Si el banco pretende convertirse en una institución de financiamiento ambientalmente sostenible, es esencial que realice una definición más rigurosa del concepto de energías renovables, a fin de promover verdaderas energías sostenibles y de bajos impactos socioambientales, articulando e integrando, además, su Estrategia de Cambio Climático con otras políticas y estrategias sectoriales” expreso Rosemarie Avila, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú.
Conforman la delegación:
Maria Lya Ramos – Amazon Watch, Estados Unidos
Rosemarie Avila – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR – Perú
Manolo Morales – Corporación, Gestión y Derecho Ambiental, ECOLEX, Ecuador
Gonzalo Roza – Centro de Derechos Humanos y Ambiente, CEDHA – Argentina
Mayra Tenjo – Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA – Colombia
Pueden seguir a la delegación a través de www.bidenlamira.org