Objetivo 7: “Asegurar un medio ambiente sostenible”
Sin duda, en la ultima década los problemas socio –ambientales han aumentado no solo en los países subdesarrollados sino en todo el mundo, es por ello que se torna importante tener en cuanta el cumplimiento de las ODM ya que son el umbral mínimo, y fundamental que se debe cumplir para poder vivir en una sociedad mas justa e equitativa y sobre todo en armonía con el ambiente.
La justicia es uno de los órganos constitucionales de contralor mas importante de un país republicano, vigilando el cumplimiento de las normas o tratados internacionales que son parte del derecho positivo del país, de aquí donde radica la importancia de la justicia, especialmente del órgano máximo como es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el abocamiento de los problemas que incluyen Derecho Humanos de tercera generación, en lo que se encuentra el ambiente.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina, ha sido participe de algunos avances, en lo que se refieren la vulneración de estos derechos, como cuando abordo la problemática de la contaminación del la cuenca Matanza – Riachuelo,[1] exigiendo una intervención directa del estado, en todos sus estamentos, para poder sanear la cuenca, también este tribunal intervino en la problemática de los desmontes en el caso de la inconstitucionalidad (actualmente en proceso) de la ley de Ordenamiento de Bosques Nativos presentado por la Universidad Nacional de Salta (UNS) en contra de la Provincia de Salta[2] en donde dispuso como medida cautelar, “… el cese preventivo de desmontes y talas de los bosques nativos que habían sido autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre del 2007 …”.
También el avance en la exigibilidad del cumplimiento de los fallos dictados por la Corte, se encuentra que el incumplimiento de la decisiones de la Corte radica en principio en el pago de una multa se tiene que hacer a titulo personal, o sea, en la cabeza del titular de Ministerio o Secretaria que esta obligado a cumplir.
Desafortunadamente, todos estos avances jurídicos, no se reflejan en la realidad, el presupuesto millonario con la cual cuenta la Secretaria de Ambiente de la Nación no hace avanzar el saneamiento de la cuenca o la resolución del problema socio – ambiental de la misma, los plazos que dispuso el máximo tribunal argentino, están vencidos y se han impuestos penalidades a los funcionarios, pero la postergación de las medidas a adoptar siguen como también las consecuencias nocivas en el ambiente y las personas.
En lo referido a el caso de desmontes en Salta, numerosas organizaciones denunciaron que después de dictada la medida cautelar de prohibir los desmontes, en esta provincia se desmontaron sin problemas varios hectáreas pobladas por indígenas y poblaciones criollas y nadie impidió los mismos e hicieron caso omiso a las advertencia de estas organizaciones.
En lo que se refiere a las penalidades, en el caso Matanza – Riachuelo se sancionaron con multa personales a los funcionarios por no cumplir el cronograma establecido por la Corte, así mismos este hecho no amedrenta a los funcionarios ya que siguen con los incumplimientos.
Es por ello que, es difícil determinar si efectivamente hubo un verdadero avance en lo que respecta a la intervención de la justicia en caso de degradación ambiental, ya que existe esta dicotomía entre los que exige un tribunal y lo que se concreta en la realidad, sumados a los tiempos laxos o burocráticos que tiene la administración publica para tomar cada decisión y el complejo contexto social de cada una de las problemáticas hace que , como se ve en estos casos, uno buena resolución de un caso no prospere o no se refleje en los hechos, así mismo, el desafió para la justicia en general , en lo referido a problemas ambiéntales, no es solo en avocamiento a los mismos sino también en la posible ejecución de sus decisiones.