La falta de previsión para la instalación de nuevas urbanizaciones genera complicaciones, y aún así, el Estado continúa permitiendo la instalación de countrys y loteos sin asegurar la provisión de servicios públicos esenciales, ni prever los impactos ambientales y sociales de los proyectos, y sin informar a las comunidades afectadas, como si no se supiera que la falta de planificación solo crea problemas a futuro. El Río San Vicente o Chavazcate es un claro ejemplo en la Provincia de Córdoba.
En las Sierras Chicas – Municipalidad de Agua de Oro, El Manzano y Comuna de Cerro Azul- se están instalando varios proyectos de urbanización que afectan algo más que la tranquilidad de los vecinos del lugar. Dichos proyectos se están realizando desde la Capilla de Candonga, en donde se radican dos loteos: un country que ocupará las tierras que rodean la Estancia Jesuítica y el loteo de chacras denominado “Las Perdices”; aguas abajo “Las Chilcas”, en la comuna de Cerro Azul, “Prados de la Rivera” en localidad de Agua de Oro, y “El Rosal” y otros loteos que se encuentran en jurisdicción de “El Manzano”.
Las obras ya se están realizando e incluyen desde desmontes hasta obstrucciones de cursos de agua, pero hasta el momento la población no cuenta con información acerca de la existencia de “estudios de impacto ambiental y social actualizados” (ni individuales, ni acumulativos) de todos los proyectos.
Las obras implican la posible radicación de más de mil quinientas familias, las que se abastecerían de la Cuenca del Río Chavazcate, principal curso de agua de la zona, de escaso caudal y que actualmente abastece a las poblaciones de Agua de Oro, El Manzano, Cerro Azul, y El pueblito, entre otras. Se desconoce el impacto que los nuevos proyectos puedan producir sobre la cuenca, no sólo por proveer de agua a los nuevos habitantes, sino también para atender sus efluentes sanitarios.
Los vecinos autoconvocados – “Amigos del Chavazcate” – asesorados por la Clínica Jurídica de CEDHA, han realizando los reclamos pertinentes a la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente, ambas de la Provincia de Córdoba, y a los Municipios involucrados, para que éstos informen sobre la existencia de estudios de impacto ambiental y de las respectivas autorizaciones de los emprendimientos.
Mientras el estado de las obras avanza, ninguna repartición pública ha informado aún sobre el impacto ambiental acumulativo de todos los proyectos, ni sobre los impactos ambientales de cada uno de ellos; dando una clara evidencia de la falta de previsión y planificación, y de la falta de prevención de posibles daños.
Según Javier Lanaro, abogado de CEDHA, “El Estado, tanto provincial como municipal, se encuentra obligado por la normativa vigente, al cuidado de los recursos hídricos y del ambiente en general. En virtud de ello, debe velar porque los emprendimientos cuenten con los estudios correspondientes de impacto ambiental, requisito legal previo para la posibilidad de ejecutar las obras. Además, estos estudios deben ser puestos a disposición del público en general, ya que así lo dispone la Ley de Ambiente 25.675 y la Ley Provincial 8803. De no tener esos estudios, las obras deben paralizarse inmediatamente.”
Recientemente, se solicitó intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia para la creación de un Comité de Cuencas, ello significa poner en cabeza de un comité formado por las municipalidades involucradas, cooperativas de agua, miembros de la Sociedad Civil de la Región y organismos provinciales con competencia en el tema, las funciones que se acuerden en su ley de creación, entre las que pueden mencionarse las de coordinar acciones para controlar posibles fuentes de contaminación, emitir autorizaciones para los emprendimientos con potencialidad de contaminación, efectuar gestiones para obtener apoyo técnico y económico para obras relacionadas con la sustentabilidad de la cuenca.
La información pública es un derecho humano que funciona como herramienta para la protección de otros derechos humanos como la calidad de vida, la salud y a un ambiente sano. Toda persona tiene el derecho de acceso adecuado a la información sobre el ambiente de que disponen las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. El Estado debe facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, es un deber legal de la administración y un derecho de los ciudadanos de la Cuenca de Chavazcate.
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Javier Lanaro [email protected]