Esta entrada también está disponible en: Inglés
San José, 7 de julio de 2025 – La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su histórica Opinión Consultiva sobre Derechos Humanos y Emergencia Climática, marcando un momento crucial en la lucha mundial por la justicia climática y los derechos humanos. Esta opinión histórica, publicada el 3 de julio, ofrece la interpretación jurídica más autorizada hasta la fecha sobre las obligaciones de los Estados ante la emergencia climática y reconoce el daño desproporcionado al que se enfrentan los jóvenes, los niños y las generaciones futuras. Solicitada por los gobiernos de Chile y Colombia en enero de 2023, la Opinión Consultiva responde a una oleada mundial de defensa legal, científica y de la sociedad civil, incluido un amicus curiae de jóvenes coordinado por Fast Action on Climate to Ensure (FACE) Intergenerational Justice y el Center for Human Rights and Environment (CHRE) con la renombrada firma de abogados Hausfeld.
“Esta Opinión Consultiva transforma la acción climática de discrecionalidad política en un deber legal. Ofrece un camino concreto hacia la paz al exigir medidas urgentes para evitar puntos de inflexión irreversibles. El primer camino hacia la paz es ralentizar el ritmo de calentamiento a corto plazo reduciendo los contaminantes climáticos de vida corta,” declaró Romina Picolotti, fundadora de CHRE. “Es un llamado a los gobiernos para que escuchen a la ciencia, cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que las cargas del cambio climático no se trasladen de forma desproporcionada a las generaciones futuras.”
Trina Chiemi, copresidenta fundadora de FACE, afirmó: “Este dictamen proporciona un poderoso modelo de justicia climática intergeneracional. El Tribunal escuchó nuestras voces y dejó claro que los Estados deben actuar ahora para mantener el planeta habitable para todos.”
El Tribunal declaró por unanimidad que el planeta se encuentra en una situación de emergencia climática y que los Estados tienen la obligación legal de responder mediante medidas de mitigación y adaptación urgentes, eficaces y equitativas, basadas en los derechos humanos y la equidad intergeneracional. Las conclusiones clave incluyen:
- Reconocimiento explícito del derecho a un clima sano y de los derechos de la naturaleza. El Tribunal reconoció la obligación de no causar daños irreversibles al medio ambiente como una norma de jus cogens. (Jus cogens se refiere a una norma imperativa de derecho internacional.) El derecho humano a un clima sano incluye una dimensión tanto individual como colectiva para proteger el sistema climático mundial para las generaciones presentes y futuras. Esta obligación exige que los Estados tomen medidas para
- Prevenir los daños climáticos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, protegiendo la naturaleza y adoptando una estrategia de desarrollo sostenible;
- Aplicar una rigurosa norma de debida diligencia para prevenir los daños climáticos;
- Promover activamente los derechos de las generaciones futuras; y
- Basar la política medioambiental en los mejores conocimientos disponibles, incluidos los mejores conocimientos científicos y los conocimientos locales, tradicionales e indígenas.
- Reconocimiento de obligaciones diferenciadas y especiales hacia los niños y jóvenes basadas en el principio de igualdad y no discriminación, que el Tribunal también declaró anteriormente norma de jus cogens. Esta obligación requiere que los Estados adopten medidas positivas, que incluyen un deber especial de protección para:
- Adoptar progresivamente todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de los jóvenes a los servicios, sistemas y demás infraestructuras de salud;
- Utilizar los mejores conocimientos científicos disponibles para proteger la salud de los niños de los efectos del cambio climático;
- Garantizar los derechos procesales y la participación significativa de los jóvenes;
- Facilitar la acción climática y abstenerse de adoptar cualquier decisión que impida la represión o las represalias contra los jóvenes activistas del clima y los defensores del medio ambiente.
- Garantizar el acceso de los jóvenes a la justicia mediante mecanismos de denuncia eficaces, como la creación de defensores del pueblo especializados.
El amicus curiae de los jóvenes, respaldado por casi 30 organizaciones juveniles de la región, subrayó el papel esencial de la participación de los jóvenes en las respuestas climáticas e instó a la Corte a afirmar que los jóvenes, los niños y las generaciones futuras tienen derecho a un planeta habitable. FACE llevó a cabo una amplia labor de divulgación para incorporar las voces de los jóvenes, incluida la difusión de encuestas, la celebración de sesiones de escucha y la organización de webinars y acciones para recoger las demandas y las historias de los jóvenes. En abril y mayo de 2024, CHRE y FACE participaron en las audiencias públicas de la Corte Interamericana en Barbados y Brasil con una intervención centrada en la acción climática urgente para proteger a las generaciones actuales y futuras.
“Esta opinión consultiva proporciona no solo claridad legal, sino también un llamado moral para que el Sur Global lidere el cambio narrativo y las acciones necesarias para construir resiliencia,” dijo Laura Serna Mosquera, activista por la justicia climática que representó a FACE en las audiencias de Barbados. “La Corte Interamericana ha respondido a nuestro llamamiento a la acción urgente; ahora es el momento de que todos los sectores se unan y avancen en las soluciones que todos necesitamos.”
“Esta opinión consultiva representa un faro de esperanza para los jóvenes que luchan por heredar un planeta en el que merezca la pena vivir,” dijo Jovana Hoschtialek, una defensora del clima de 18 años de Granada que también representó a FACE en las audiencias de Barbados.
El dictamen de la Corte es vinculante en su interpretación y ejecutable a través de la doctrina del “control de convencionalidad,” lo que significa que todos los miembros de la Organización de Estados Americanos -incluidos emisores importantes como Argentina, Brasil y México- deben alinear las leyes, políticas y decisiones judiciales nacionales con la interpretación de la Corte de las obligaciones en materia de derechos humanos. Se espera que la sentencia refuerce los litigios y la formulación de políticas nacionales sobre el clima en las Américas y el Caribe, empoderando a jueces, funcionarios públicos y defensores para exigir el cumplimiento de las obligaciones climáticas basadas en los derechos humanos.
Contacto para los medios de comunicación: Trina Chiemi (trinachiemi@gmail.com)