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4 de diciembre 2024 – El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y el Institute for Governance and Sustainable Development (IGSD) presentaron un amicus curiae ante la Corte Constitucional del Ecuador, brindando pruebas científicas y argumentos contundentes enafatizando la necesidad de priorizar el caso Mecheros sobre quema de gas (flaring).
En el año 2020, nueve niñas de la Amazonía Ecuatoriana iniciaron acciones legales en contra del Estado en el caso conocido como el Caso Mecheros, pidiendo la eliminación de 447 quemadores de gas (flaring stacks) que continuamente queman combustibles fósiles, emitiendo gas metano y otros contaminantes asociados. Los querellantes argumentan que esta práctica contamina el ambiente y daña la salud de los habitantes de los pueblos aledaños, afectando de manera desproporcionada a las mujeres.
El 7 de mayo de 2020, la Corte rechazó la acción constitucional. Los querellantes apelaron y el 29 de julio de 2021, el Tribunal Provincial de Sucumbíos falló a favor de ellos. En este fallo, el tribunal ordenó al Estado eliminar los quemadores de gas en un período de 18 meses, priorizando aquéllos cercanos a centros poblacionales. Para los demás quemadores, el tribunal determinó que deben ser progresivamente eliminados poniendo como fecha límite diciembre del 2030.
En marzo de 2023, el período de 18 meses estipulado en la decisión expiró, pero a la fecha, los quemadores continuan operando próximo a escuelas y comunidades, y el número de quemadores va en aumento. Dada la situación, las niñas querellantes se han visto obligadas a apelar a la Corte Constitucional del Ecuador para hacer cumplir y definir más precisamente la obligación del Estado de cesar las acciones novicas, limitando la discreción del gobierno, a la vez de cumplir con el fallo.
El Amicus Curiae de CEDHA y de IGSD señala a la Corte Constitucional que la práctica de quemar gas y ventear gases fosiles emite significativas cantidades de gas metano, un gas de efecto invernadero que tiene 80 veces el impacto climático en comparacion con el CO₂ en un período de 20 años. En el año 2023, Ecuador quemó mas de 1.582 miles de millones de metros cúbicos de gas, un aumento preocupante del 43% respecto al año 2020.
El amicus curiae también resalta que las emisiones de metano empeoran la crisis climática a la vez que violan los derechos humanos ya que afectan desproporcionadamente a comunidades cercanas, particularmente a mujeres y niños. El gas metano y los contaminantes asociados emitidos tales como el carbono negro y los óxidos de nitrogeno tienen impactos devastadores en la salud y en el ambiente.
Investigaciones recientes confirman que reducir las emisiones de metano es la única manera de frenar el calentamiento global en la próxima década (o dos), y de evitar superar puntos de no retorno que de otra manera tendrían impactos catastróficos.
El caso Mecheros representa una oportunidad histórica para la Corte Constitucional del Ecuador para guiar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos y climáticas. «Reducir las emisiones de metano es la manera más rápida y más efectiva para mitigar el calentamiento global esta década», dijo Romina Picolotti, presidente de CEDHA.
«Si no frenamos el calentamiento global de manera rápida, los círculos viciosos climáticos auto-amplificadores tomarán el control y empujarán al planeta más allá de los primeros cinco puntos de no retorno», dijo Durwood Zaelke, Presidente de IGSD.
CEDHA y IGSD también enfatizan que la eliminación de quema de gas es técnicamente factible y ya ha sido implementada en otros países, sentando un estándar global que Ecuador puede adoptar para proteger tanto su población como el clima global.
La decisión de la Corte en este caso podría representar un precedente crítico en la lucha en contra del cambio climático y en defensa de los derechos humanos.
Este Amicus Curiae suplementario de CEDHA/IGSD sobre el derecho humano a la resiliencia, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia pública realizada en Barbados, Opión Consultiva sobre la Crisis Climática y los Derechos Humanos. Las obligaciones del Estado citadas en el Amicus Curiae son 3:
– la obligacion de mitigar, reducir el calentamiento global en el corto plazo a fin de evitar sobrepasar puntos de no retorno y retroalimientación manteniendo la resiliencia de los ecosistemas claves para el sistema climático;
– la obligación de restaurar; y
– la obligació de adaptar.
Para más información contactar a Romina Picolotti al: [email protected]
Link al amicus curiae:
https://center-hre.org/wp-content/uploads/Resilience_supp_brief-FINAL-Nov-6th-2024-Spanish.pdf