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Ambientalistas bajo fuego: el brutal asesinato de Berta Caceres
Por Romina Picolotti – Presidente CEDHA
Berta Cáceres, líder indígena, luchadora incansable por los derechos humanos y el ambiente fue brutalmente asesinada durante la madrugada de ayer en la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras.
Blanco de campañas de difamación y amenazas constantes por su activismo en contra de las empresas mineras, por su lucha en contra de la construcción de represas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas fue ultimada a tiros en su casa cuando se encontraba bajo “protección especial del gobierno”.
Sin duda es un momento de luto para los ambientalistas de todo el mundo. El asesinato de Berta se suma a 50 asesinatos de lideres indígenas del pueblo Tolopán sólo en Honduras. Su muerte brutal no es un acto de violencia aislado sino que es un claro mensaje al movimiento ambiental. Mejor no meterse, mejor no pensar. Defender la naturaleza tiene consecuencias.
El homicidio salvaje de Berta demuestra la existencia de un perverso patrón: aquéllos que actúan en representación de los vulnerables y desprotegidos en defensa del derecho humano a un medio ambiente sano son sistemáticamente perseguidos como parte de un intento deliberado para silenciar e intimidar a los defensores y a aquéllos a quienes representan.
Los abusos de derechos humanos de activistas ambientales resultan en violaciones adicionales. Esto ocurre por el «efecto terror» que estas violaciones individuales tienen sobre el grupo, aterrorizándolo sobre las implicancias de ejercer sus propios derechos, con un clara intención de silenciarlos.
Los activistas ambientales se encuentran en una situación particular de doble vulnerabilidad. Pues en la mayoría de los casos que defienden enfrentan no solo los intereses del Estado sino de poderosos grupos económicos en connivencia con el Estado y muchas veces más poderosos que éste, con fuerza armada propia y cubiertos por un manto de absoluta impunidad.
La impunidad de la que gozan los responsables de estas violaciones sumado a la incursión cada vez más agresiva por la apropiación ilegal e ilegítima de recursos naturales ha implicado un aumento inusitado en los últimos años de denuncias de criminalización de la protesta, amenazas, actos de violencia y asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente, en el contexto de oposición a la minería, derecho a la consulta previa y vinculante, defensa del medio ambiente y de territorios ancestrales.
Frente a la intensidad de ataques a ambientalistas CEDHA ha decidido reiniciar la publicación de su informe “El Costo Humano de Defender el Planeta: Violaciones de Derechos Humanos a activistas ambientales en la Américas”.
En todos los casos resulta paradójico el accionar de un Estado veloz y eficaz al servicio de intereses individuales y en contra del bien común, facilitando la represión en definitiva a todos aquellos que defienden pacíficamente a nuestra Madre Tierra, una represión que pretende silenciar, que pretende evitar el debate serio, que pretende ocultar el abuso, la codicia, el saqueo, como si lo defensores del Planeta fueran los criminales. En todos los casos, el Estado pretendiendo un marco de legalidad, cuando la jurisprudencia y la doctrina es contundente sobre el derecho a defendernos frente a semejantes atropellos.
Pero también en todos los casos, ciudadanos que se unen, que se organizan, que resisten, que se informan, que se involucran, que participan, que se solidarizan, que se movilizan. Aquellos que ordenan la represión, aquellos que le son serviles, ya no pueden ocultarse.
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