Por Romina Picolotti*
En estos días de judicialización de la política y a una semana del fallo de la Corte de La Haya sobre el denominado caso “Papeleras” resulta oportuno reflexionar sobre las consecuencias de la judicialización de la política exterior.
Así como la resoluciones de los jueces no significan una solución definitiva sobre la utilización de nuestras reservas o la remoción o permanencia del presidente del Banco Central, de igual modo, el fallo de la Haya no implica la solución del conflicto social que ha generado la decisión unilateral del Uruguay de instalar plantas de celulosa sobre la rivera de un río compartido por ambos Estados.
Argentina recibe entre el 50% y el 75 % de su agua del exterior de sus fronteras. En su territorio la mayoría de las cuencas hídricas son compartidas por diferentes provincias.
La característica peculiar de este recurso natural, el hecho de que fluye, implica que la actividad que se realiza río arriba puede afectar a aquellos que se encuentran río abajo. De la misma manera las acciones que se realicen en una costa pueden afectar a la costa del vecino.
Señalaba Aristóteles: “es evidente que la riqueza no es el fin que buscamos, pues es útil en orden a otra cosa”. Esa “otra cosa” es el desarrollo de los pueblos mediante la gestión integrada de los recursos hídricos. Para ello la cooperación entre Estados o provincias ribereñas es una condición imprescindible.
En el transcurso de la historia, la experiencia demuestra que abordar la gestión de las aguas compartidas desde el enfoque de la cooperación garantiza verdaderos beneficios para el desarrollo humano. Lo contrario, es decir, abordar la política de aguas compartidas desde el enfoque de la soberanía -que se traduce en decisiones unilaterales sobre la utilización de un bien compartido- genera conflicto y deriva en un mal manejo del recurso produciendo pobreza en las comunidades ribereñas.
Los fracasos en el ámbito de la cooperación, como en el caso de BOTNIA, pueden producir serios perjuicios sociales y ecológicos como los ocurridos en el lago Chad, en el mar Aral o en el Riachuelo. La destrucción del recurso natural es el resultado de la imposibilidad de gestión cuando existen varias jurisdicciones involucradas sin un ámbito claro de cooperación.
¿Cómo es posible optimizar el uso de un recurso hídrico compartido sin cooperación entre los que lo comparten? Imaginemos por ejemplo que la provincia A comparte un río con la provincia B. A decide abandonar su política de cooperación con respecto al río. Es decir, decide adherir a un modelo de soberanía absolutista: “Este río me pertenece y por lo tanto dispongo de el según me apetezca” ¿Cuál seria el escenario? Se produciría una carrera vertiginosa por parte de ambas provincias por explotar al máximo el río, primaría el concepto de “quien use más y primero el río es quien sacara mayor ventaja al vecino”.
La consecuencia de este accionar unilateral es fácil de prever: “la muerte del río” y con él el empobrecimiento de los pueblos de ambas provincias.
En la cooperación no hay ni ganadores ni perdedores, sino que todos ganan. Al abandonar la cooperación, todos pierden, todos perdemos. Es por ello que la única política de gestión de recursos hídricos compartidos que conduzca al bienestar de los pueblos ribereños es la basada en la cooperación.
Los requisitos básicos para prevenir futuros Riachuelos o Botnias son: voluntad política de aquellos que comparten el río de cooperar, la institucionalización de ámbitos de cooperación permanente, la composición de estos ámbitos por decisores públicos y técnicos competentes, el ordenamiento ambiental del recurso compartido, la planificación de la gestión del recurso en base a este ordenamiento ambiental, un mecanismo ágil y legitimo de resolución de las controversias.
Los recursos hídricos compartidos no son de propiedad exclusiva de una jurisdicción por lo tanto, todas las decisiones sobre su disponibilidad deben ser compartidas y consensuadas. En definitiva, la cooperación para que funcione no puede ser aparente sino que debe ser verdadera. BOTNIA utiliza para su producción 164.000.000 de litros de agua por día del Río Uruguay, es ese mismo río el que recibe la totalidad de los efluentes tóxicos que inevitablemente se generan en el proceso de producción de pasta de celulosa. Más de 100,000 personas marchan anualmente al puente en señal de resistencia. ¿Cuáles serán las implicancias del fallo de la Haya en esta realidad irrefutable?
Es que la judicialización de la política no alcanza para la licencia social. Una vez que los flashes se retiren y las luces se hayan apagado permanecerá, estoicamente, el pueblo de Gualeguaychu en resistencia.
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Romina Picolotti
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