Acuerdo fue alcanzado en demanda histórica de responsabilidad corporativa
Fuente: Environmental Defender Law Center
Monterrico Metals, compañía minera inglesa, está intentando desarrollar la segunda mayor mina de cobre del Perú en un área ambientalmente sensible. En julio de 2005, cientos de personas de comunidades diseminadas en toda la región convergieron en la mina, algunas luego de caminar por varios días. Treinta y tres manifestantes fueron arrestados y permanecieron detenidos por tres días en las instalaciones de la mina operada por la filial de la empresa, Río Blanco Copper S.A. Allá, fueron encapuchados y sus manos atadas por detrás, golpeados con palos, azotados y amenazados de muerte. Cinco de los manifestantes fueron baleados, uno de ellos en un ojo. Dos manifestantes mujeres fueron abusadas sexualmente.
Cuando fotografías que parecían haber salido de la prisión de Abu Ghraib aparecieron en el 2009, confirmando las alegaciones de los manifestantes, el EDLC presentó las víctimas a los abogados de Leigh Day en Londres, un bufete jurídico con elevada reputación internacional en el litigio de casos de violaciones de derechos humanos en contextos transnacionales. Luego de viajar a Perú, los abogados ingresaron con una demanda ante la Corte Suprema en Londres contra Monterrico. El argumento principal era que la empresa había sido cómplice de la tortura y de los malos tratos a los manifestantes por la policía. Monterrico negó cualquier conducta delictiva y sostuvo que cualesquiera violaciones de los derechos humanos que hubieran ocurrido serían responsabilidad de la policía peruana.
Debido a que Monterrico se estaba retirando de la bolsa de valores de Londres y transfiriendo sus activos y operaciones a China, sede de su compañía matriz, los abogados presentaron un mandamiento judicial para detener la transferencia de activos en una cantidad suficiente para cubrir las indemnizaciones a las víctimas y las costas judiciales. Luego de una audiencia llena de protestas, la Corte Suprema ordenó un mandamiento judicial de congelamiento por el monto de £5 millones contra Monterrico, determinando que los demandantes tenían un “buen caso defendible”.
Durante la preparación para el juicio, los abogados se enteraron que la presunta complicidad de la empresa en la represión de los opositores no había empezado ni terminado en aquellos tres días de tortura. Al contrario, los testigos sostuvieron que por un año antes y un año después de aquellos eventos, innumerables otros actos de violencia y provocación habían sido perpetrados contra los opositores a la mina. Una audiencia de dos días tuvo lugar ante la Corte Suprema para evaluar si esos otros actos deberían ser considerados “como prueba de que los malos tratos del 2005 habían sido ordenados y orquestados por Monterrico/Río Blanco, y como muestra de que las acciones de los directivos de Monterrico/Río Blanco en julio de 2005 eran parte de una estrategia más amplia de intimidación y violencia dirigida a los opositores de la mina.” La corte decidió a favor de las víctimas, permitiendo la ampliación de la demanda para incluir las alegaciones anteriores y posteriores sobre la complicidad de la empresa en los actos delictivos.
El caso estaba programado para ir a juicio durante 10 semanas en Londres en octubre de 2011, y las víctimas estaban planeando llevar testigos oculares para declarar. Las partes han alcanzado un acuerdo confidencial este mes, bajo el cual las víctimas recibirán indemnizaciones. Este caso es el primero en que una empresa europea ha sido demandada por actos de tortura.
Más información sobre el caso puede ser encontrada en la página web del EDLC.