El eje del debate en el conflicto del campo se centró en la problemática de las retenciones móviles, sin embargo, la discusión debería ir más allá de lo meramente económico, e incorporar un análisis de las devastadoras implicancias para el ambiente y las personas que el modelo agrícola actual trae como consecuencia.
El debate sobre la soja y el modelo agrícola que ha tomado impulso en el país, dominado por la soja y el monocultivo de la misma, no es meramente un problema impositivo, de ingresos públicos, o un debate sobre cuánto debe ganar un agricultor, un exportador, o cuanto debe ingresar al arca pública. Entra en juego en la discusión las implicancias de seguir con un modelo agrícola basado en el avance del monocultivo de la soja.
Nuestro país es el tercer productor de soja en el mundo. La expansión de la frontera agrícola en la Argentina, motorizada fundamentalmente por grandes monocultivos de soja, ha producido una de las mayores transformaciones económicas, sociales, demográficas y ambientales, en la historia del país. La superficie sembrada de soja en 2007, con una nueva cosecha récord, alcanzó las 16.000.000 de hectáreas. Simultáneamente, la tasa de desmonte de bosques nativos llegó, según índices oficiales, a superar varias veces el promedio mundial –con enormes impactos en la biodiversidad y en comunidades indígenas y tradicionales. En cuatro años, el desmonte creció casi el 42%. La tala y las quemas arrasaron más de 1 millón de hectáreas, la mayoría ahora con soja. En 2007, se perdía un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, 34 hectáreas por hora. La flamante Ley de Presupuestos Mínimos (o Ley de Bosques) que más de un millón de argentinos reclamaron el año pasado, es un claro ejemplo de todo esto.
La profunda preocupación por la decisión que los legisladores estarán tomando en el Congreso de la Nación en los próximos días sobre el incremento a las retenciones propuestas por el gobierno nacional a la exportación de soja y girasol, activó la alianza entre ciudadanos e instituciones dedicadas al bien público, a la promoción del desarrollo sustentable, de políticas públicas equitativas en materia ambiental, económica y social, así como a la defensa de los derechos humanos, quienes se están organizando para enviar su posición en el marco del debate.
Se advierte con preocupación que pocos medios, pocos actores, y pocas instituciones de las que participan en este debate están considerando la importancia de lograr que la Argentina establezca una política agraria sustentable, vinculada a una visión más estratégica y a largo plazo. El incremento de las retenciones a la soja puede ser un buen disuasivo para el sector a fin de que comience a replantearse el modelo del monocultivo y se busque uno más equitativo, más diverso, más conciente del patrimonio ambiental, más equitativo en la distribución de los beneficios, y sobre todo más sustentable.
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