Córdoba no sólo continúa perdiendo sus bosques nativos. También sigue perdiendo la posibilidad de recibir recursos necesarios para la preservación de los mismos. A un año de la dramática aprobación de la ley provincial de bosques nativos (N° 9814), Córdoba aún no ha concluido su ordenamiento territorial, conforme lo ordena la ley nacional. Sin bosques, sin agua, sin fondos para una adecuada gestión, la desidia y la obstinación siguen marcando el rumbo de la política ambiental provincial.
Del fondo nacional de bosques nativos creado por la ley de presupuestos mínimos N° 26.331, y administrado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la Nación (SAyDS), a Córdoba le corresponden $19.710.307. De este monto, un 70% debe ser destinado a compensar a quienes presenten planes de conservación, manejo o aprovechamiento. El resto se asigna directamente a la autoridad ambiental provincial, para fiscalización, investigación, control, etc. Estamos hablando de casi 6 millones de pesos para que la autoridad provincial fiscalice ambientalmente el cuidado de los bosques nativos. Cifra importante si consideramos que se trata de casi un 982% más que lo asignado para la protección de los bosques nativos en el Presupuesto Provincial 2011. Sin embargo, para que este fondo llegue, la provincia debe haber realizado su ordenamiento territorial de bosques nativos, y el mismo cumplir con los requisitos técnicos que establece la ley nacional de presupuestos mínimos.
Hace un año exactamente, la provincia dio por concluido este ordenamiento a través de la sanción de la ley 9814. Si bien Córdoba ya ha invitado a quienes sean propietarios de terrenos con bosque nativo a presentar dichos planes, e incluso muchos de ellos ya han sido remitidos a Nación, la provincia no ha resuelto a la fecha las numerosas observaciones técnicas y legales realizadas por la SAyDS al ordenamiento provincial aprobado. Según confirmaron funcionarios nacionales, hasta tanto dichas observaciones no sean superadas, la provincia no podrá recibir el dinero asignado.
En efecto, la autoridad nacional es quien debe velar, antes de enviar los fondos que administra, por la adecuada congruencia entre las normativa provincial aprobada y lo dispuesto en los presupuestos mínimos nacionales. Salta, Santiago del Estero, Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, Misiones, Catamarca y San Juan, no sólo cuentan ya con su propia ley de ordenamiento, sino también han recibido el visto bueno nacional e incluso muchos de ellas ya han hecho uso de sus partidas. Córdoba, a contramano, aún se resiste a entender que ambiente y desarrollo pueden y deben ser dos caras de una misma moneda.
Más allá de los discursos y pareceres, el rigor técnico deja una vez más en evidencia las desprolijidades de esta ley. Una ley sucia en su origen, y que arrastra los vicios originales de un texto no consensuado, no participado y carente de coherencia para una provincia en emergencia forestal y crisis hídrica. Incongruente incluso con su mismo decreto reglamentario, el cual lejos de enmendar y superar las irregularidades del texto legal, las profundiza, y retrocede a la misma concepción predial y limitada tan cara para los bosques provinciales. Sin normativa clara, sin una autoridad firme y decidida, sin fondos para ejecutar esas decisiones, en Córdoba, seguirán ganando y perdiendo siempre los mismos.
Esperemos con confianza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que decidirá la suerte de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Universidad Nacional de Río Cuarto en contra de esta ley, ponga claridad y fin a este conflicto. Mientras tanto, hay mucho por hacer. Como sociedad, como partes del mismo medio del cual dependemos, no dejemos de valorar nuestros bosques, sus comunidades, su biodiversidad, su incalculable valor. Y en especial, no olvidemos, máxime en estos tiempos, “quiénes fueron” y “quiénes son” los responsables de esta triste historia. “El bosque es agua, el bosque es vida”
Alejandro Vera