El lunes 18 de junio arrancó el grueso de la Cumbre de la Tierra, no solamente con el arribo de muchas de las delegaciones al evento, sino también con un nuevo documento borrador de declaración de estados presentado por el anfitrión Brasil. En 287 párrafos se abordan los temas centrales en discusión, centrados ante todo en la reafirmación de los Principios de Río 92, y sobre un debate diplomático enfocado en la coherencia del sistema internacional de gestión ambiental, la participación de afectados, el rol de las instituciones financieras, la pobreza, seguridad alimentaria, energía, turismo, transporte, ciudades, asentamientos humanos, salud, empleo, los océanos, países isleños, desastres, cambio climático, bosques, la biodiversidad, la desertificación, los ecosistemas de montaña, el manejo de desechos y químicos, la minería, la educación, el género, y la economía verde eje central de la conferencia a 20 años de su inició también en Río de Janeiro. Y como si fuera poco está agenda abrumadora, el texto también se extiende sobre la implementación, la tecnología y la financiación de la agenda a seguir.
La sensación de la masa que se reúne durante largos días de intercambios diplomáticos, técnicos, académicos, y de sectores de la sociedad civil a nivel mundial es que no tenemos avances cualitativos en lo sustantivo. Esperábamos un texto más ambicioso y compromisos más contundentes. En vez de esto tenemos la sugerencia de la ONU que firmemos compromisos voluntarios entre partes cualquiera, como si eso naturalmente nos llevara a los grandes cambios institucionales, estructurales y políticos que necesitamos para abordar los desafíos de modelos económicos exhaustos.
Lo peor es que no se perciben avances tangibles en los 20 años transcurridos desde Río 92. Podemos solamente “reafirmar” lo que hace tiempo deberíamos haber implementado.
La economía verde, conductor central del debate se lleva la mayor atención, sin lugar a dudas por la firme creencia de muchos de los organizadores de que el sector privado debe liderar el cambio, y que serán las empresas las que pondrán las pautas sobre cómo debemos cambiar para mejor, algo que la mayoría de los actores de la sociedad civil no-empresaria, refutan rotundamente. La idea de la economía verde, es un concepto sin embargo que no termina de cuajar con las pretensiones y demandas de los más afectados, las diversas comunidades, muchas de ellas vulnerables ante el avance desmedido económico de un sin fin de sectores productivos, que crecen y expanden sobre la explotación de recursos naturales, muchas veces totalmente desprotegidos ante la ley y la política pública y sin claros beneficios para los que más los necesitan.
Muchos de los presentes nos preguntamos, dónde está el rol crítico e inalienable del Estado de comprometerse, de vincularse, de dirigir a la acción empresaria, regularla, y obligarla a cumplir con aquéllos compromisos a los que nos orientamos en aquél encuentro histórico del 92.
La cumbre plantea un debate conjunto entre las partes, pero en realidad y en lo físico, los intereses de la sociedad civil están exiliados a más de 2 horas de distancia del foro oficial donde los representantes estatales negocian y cierran acuerdos políticos. Es común esta exclusión y alejamiento en eventos de la Naciones Unidas. Parecería que temen la reacción del pueblo presente a las decisiones blandas e inconsecuentes que se están tomando. Falta convicción, seriedad y acción.
Todo esto posiblemente suene a una postura intransigente de un representa de la sociedad civil pero en realidad, no es más que un resumen del menaje que nos envió hace unos días el anterior Secretario de la Conferencia de Río 92, Maurice Strong de Canadá, un empresario del sector energético, ex – Director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que no solamente criticó fuertemente a su propio país Canadá en materia de desarrollo sustentable, sino además al conjunto de países por fracasar en avanzar la agenda de Río 92. Quedan algunos días para ampliar el limitado horizonte de Río +20, sin embargo, las esperanzas de llegar a un acuerdo con fuerza, son mínimas.
Para más información:
Desde Río Jorge Daniel Taillant
Director Ejecutivo, Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
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