10 de enero 2013, desde Santiago de Chile. Representantes de gobiernos de todo el continente americano y de agencias regionales como la CEPAL, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y representantes de la sociedad civil, iniciaron hoy un encuentro regional sobre la promoción de “gobiernos abiertos”.
El concepto de Gobierno Abierto promueve mayor transparencia en materia de acceso a información pública. Gobierno Abierto va de la mano de la promoción de “Data Abierta” que apunta a la generación y diseminación de estadística e información pública que sea accesible, utilizable, manipulable, y gratuita para el público en general. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumó recientemente al modelo de Gobierno Abierto y propuso un plan en la materia, apuntando a construir el marco legislativo del gobierno abierto de la ciudad, desarrollar una política de data abierta y promover una mayor cultura de compartir información dentro y fuera del Estado.
La iniciativa de los gobiernos nacionales complementa un proceso recientemente lanzado durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Rio +20) hacia la firma de una Convención Regional sobre acceso a la información, liderada por el gobierno de Chile y apoyada por numerosos países de la región. Diecisiete países del continente americano ya pertenecen a una iniciativa mundial que cuenta 58 países, conocida como el Open Government Partnership. Argentina se sumó a este convenio en octubre de 2012, realizando compromisos a trabajar para mejorar la transparencia, lograr mayor participación ciudadana, y combatir la corrupción en el país.
En Argentina, existe desde el 2004 una ley (la Ley 25.831) de Libre Acceso a la Información Ambiental Pública que lamentablemente no ha logrado aun en Argentina un reconocimiento y aplicación extensiva, ni tampoco cambios culturales en prácticas enquistadas en el sector público tanto a nivel nacional como provincial, de retener, mezquinar y limitar fuertemente el acceso ala información. Esto aun ocurre ampliamente en sectores como el minero, donde es casi imposible obtener información actualizada de la actividad extractiva en provincias como San Juan, La Rioja, o Catamarca. A pesar del plazo establecido por ley de 30 días hábiles para la producción y obtención de información solicitada, los pedidos de información por ciudadanos sobre la actividad extractiva que los afecta, permanecen encajonados sin respuesta hasta meses o inclusive años sin responder.
La Fundación CEDHApresentó en un panel de expertos realizado en la CEPAL el día anterior al lanzamiento diplomático del encuentro, la situación deplorable del sector minero argentino en materia de gestión y accesibilidad de información, identificando oportunidades para promover la modernización, apertura y mejor gestión de la información sobre el sector extractivo.
Países de la región se juntan en Chile hoy para revisar avances a nivel mundial y proponer agendas a nivel regional hacia la apertura de gobiernos locales y nacionales.