Nota de opinión
Los recientes acontecimientos en torno al proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos en la provincia de Córdoba, exigen poner algunos puntos en claro, y por qué no, ensayar una breve crónica de cómo se desencadenaron estos hechos inéditos en el tratamiento de una ley ambiental.
Estamos en una etapa decisiva. La inminente sanción de esta ley provincial tiene su origen en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos (N° 26.331) sancionada el 28 de noviembre del año 2007. Esta ley, con un status constitucional superior al resto de las leyes nacionales, obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus bosques en el plazo (ya vencido) de un año desde su sanción. Crea también un fondo especial que, según el presupuesto 2010 es de 300 millones de pesos, el cual será repartido entre las autoridades de aplicación provinciales y los particulares que conserven bosque nativo, una vez aprobado el ordenamiento.
En el año 2008, Córdoba designa como autoridad de aplicación provincial a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, la cual crea por medio de la Resolución N° 328 a la COTBN (Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos), como un espacio plural, con el objeto de elaborar el mapa y el proyecto de ley. A partir de ahí, comienza un proceso participativo inédito. Reuniones semanales, siete talleres regionales en el interior de la provincia, y una audiencia pública sin precedentes. Producto de ese trabajo, en el cual participaron organizaciones, investigadores de distintas universidades, productores, entre otros, es el proyecto que fue presentado a la Secretaría de Ambiente el 8 de junio de 2009, y que ésta remitió a la Legislatura Provincial, en octubre de ese mismo año.
Desde noviembre del año pasado hasta junio del presente, se ha discutido este trabajo en la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura. A través de una serie de instancias participativas, en las cuales asistieron representantes de todos los sectores, funcionarios de distintas áreas del gobierno, expertos invitados, y legisladores de todos los bloques y Comisiones, se hicieron distintas modificaciones que la COTBN entendió importante incluir, en busca de un consenso y de una pronta sanción de la ley.
Desde entonces, el reclamo de los sectores, manifestado a través de continuas movilizaciones, fue que dicho trabajo tome estado parlamentario y sea aprobado cuanto antes. Ante la demora y las indefiniciones de algunos bloques, el resto de los legisladores que acompañaron el proceso, y con el apoyo de la COTBN, decidieron darle estado parlamentario, es decir, darle el carácter de proyecto de ley, el pasado martes 27 de julio.
El panorama político actual presenta algunas particularidades. Si bien algunos bloques son mayoría en la Legislatura, el proyecto que ha tomado estado parlamentario es el único que cuenta con la legitimación de más de dos años de trabajo participativo. Desde CEDHA, como miembros de la COTBN, partícipes del proceso y especialistas en participación ambiental, podemos dar fe de ello.
Cualquier otro proyecto introducido y votado a último momento podría ser declarado inconstitucional, al violar expresamente el artículo 6° de la ley nacional 26.331, el cual establece que “a través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos”. Por otro lado, demorar más el tratamiento haría perder a la provincia los fondos, convirtiendo en cómplice al actual gobierno, de la situación crítica señalada. Estamos en una situación límite. Se requiere de manera urgente una política ambiental clara y decidida. Sólo resta que a través de la sanción de este proyecto, todos los bloques hagan de esta construcción histórica una verdadera política de Estado.
Para más información:
Alejandro Vera
Clínica Jurídica y Legislativa de CEDHA
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