Picolotti en Ottawa Critica a la Minería y Pide Mayor Transparencia y Responsabilidad
Bandera Candiense Conquista los Andes junto a Mineros
19 de octubre de 2010. Ottawa. Canadá también tiene su versión del debate sobre la Ley de Glaciares y al igual que Argentina, el lobby minero pone fuertemente su peso para limitar el control estatal a empresas mineras irresponsables.
Bill C-300 es una propuesta de ley del Parlamentario canadiense John McKay que apunta a ejercer mayor control estatal sobre empresas mineras que reciben fondos públicos. C-300 aseguraría que los proyectos mineros financiados por el Estado sostengan el más alto grado de sustentabilidad posible y que no violen derechos humanos, un problema recurrente en el sector minero, especialmente para empresas canadienses como Barrick Gold que son fuertemente criticadas en todas las comunidades donde operan.
El 60% o más de toda la minería del mundo es canadiense, y como puede esperarse, también se encuentran en esta importante cifra, muchos de los problemas ambientales y sociales causados por la minería en gran escala. Sin ir muy lejos, contamos en Argentina con uno de los mega proyectos mineros más controvertidos del mundo, Pascua Lama, que ya ha sido el causante de enormes impactos ambientales en las altas cumbres andinas, sobre todo en glaciares, aunque aún no ha empezado a producir.
Pascua Lama, aparte del daño directo causado por el proyecto en glaciares en las etapas exploratorias, por ejemplo, al abrir innumerables caminos en la alta montaña en la búsqueda de oro, ha facilitado además el acceso a un sinnúmero de otros pequeños, medianos y mega proyectos de búsqueda de oro, profundizado los impactos ambientales en los Andes, destruyendo glaciares enteros y poniendo en severo riesgo al recurso hídrico de la región. Basta ingresar a Google Earth las siguiente coordenadas para ver las interminables huellas forjadas por Barrick en torno a Pascua Lama!: 29 19 18.02 S, 70 02 03.87 W
En un repaso rápido de las principales inversiones internacionales mineras en la Argentina, descubrimos que de 80 proyectos (algunos activos y otros en etapas de exploración), la mitad son canadienses, y por lejos la mayor parte de ellos son en búsqueda de oro en lo que serían emprendimientos a cielo abierto. La llegada de Veladero y luego de Pascua Lama, sumado a las extremadamente lucrativas condiciones impositivas para el sector, resultó en una avalancha de proyectos mineros en el país, concentrados en las provincias de San Juan y Santa Cruz, pero también creciendo en otras como Jujuy, Salta, Chubut, La Rioja y Catamarca.
Los canadienses no son ajenos al gran impacto que causan sus empresas mineras en el mundo, y por ello vienen debatiendo el tema desde mediados de los años 2000. Bill C-300 es un paso fundamental en este proceso de mea culpa que intenta ponerle un gramo de racionalidad a la situación y generar una mejor imagen de Canadá en el mundo, ya que ha sido ensuciada por empresas como Barrick Gold.
El Parlamentario John McKay mediante su Bill C-300 ofrece a cualquier persona afectada por un proyecto minero canadiense que cuenta con fondos del estado, abrir una instancia de revisión del proyecto, con el fin de brindar transparencia en torno al mismo. Si se encuentran violaciones de derechos humanos o violaciones de normativa ambiental, el estado canadiense podría suspender o retirar definitivamente su apoyo a la empresa, cosa que hizo por ejemplo, el estado Noruego al proyecto de Barrick Gold en Papua Nueva Guinea, donde sostiene acusaciones de severa contaminación. Si bien esto no resuelve la problemática de impactos sociales y ambientales negativos de la minería en el mundo, sí empieza a abordar la responsabilidad de las partes en controlarlo, incluyendo al estado.
El proyecto de ley, al igual que lo fue la Ley de Glaciares en Argentina, es fuertemente refutado por el lobby minero y sus aliados tanto en el parlamento como en los medios Canadienses. El lobby minero utiliza su peso en grandes medios canadienses para atacar a C-300.
Las opiniones de Harvey Enchin, periodista del Vancouver Sun, resume el encono del lobby con C-300. Dice entre otras cosas que C-300 está dirigido por ONGs ambientalistas. Defiende a capa y a espada a una industria que aporta US$40,000 millones al producto bruto canadiense y que emplea a más de 350,000 personas. Critica el hecho de que ciudadanos de otros países puedan presentar denuncias en Canadá por violaciones a la ley, y critica que el estado solo podría invertir en empresas que cumplen con normas internacionales de sustentabilidad. Sustenta que C-300 pondría a empresas canadienses en desventaja con el resto de sus competidores.(ver: http://www.vancouversun.com/business/Will+mining+suffer+Bill+becomes/3072115/story.html)
Romina Picolotti, ex Secretaria de Ambiente de Argentina, y presidente de la Fundación CEDHA, se encuentra hoy en Ottawa para hablar con parlamentarios y medios canadienses sobre la importancia de aprobar C-300. Picolotti ya fue invitada previamente a hablar con la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, donde se debatía la propuesta de ley y donde Picolotti contó su experiencia como Secretaria de Estado, y la dificultad que tuvo en penetrar al sector minero en sus intentos de realizar controles ambientales. Contó acerca de la resistencia de las mineras en permitir inspecciones de autoridades ambientales, de la debilidad de las instituciones estatales ambientales que deben ejercer el control ambiental de la minería respecto a sus pares estatales en la promoción de la minera, de las amenazas que empezó a recibir cuando hizo intentos de controlar a empresas mineras, y del fuerte lobby que hizo el sector minero para bloquear y finalmente conseguir un veto presidencial a la Ley de Glaciares.
Barrick Gold atacó de inmediato las declaraciones de Picolotti, aunque Barrick debió también atender y refutar a una larguísima lista de acusaciones similares, y peores también, provenientes de otros países donde opera la mega empresas canadiense, entre ellos respecto a proyectos como: Bulyanhulu, North Mara, Porgera, Marcopper, Veladero y Pascua Lama, localizados en Tanzanía, Papua Nueva Guinea, Filipinas y Argentina, donde las acusaciones incluyen complicidad de la empresa Barrick Gold en: matanzas de mineros, terribles impactos en la salud, descargas de contaminantes en ríos, violaciones, y otras atrocidades.
Barrick sostiene que estas acusaciones son infundadas y que son provenientes de ONGs poco creíbles. Aunque en algunos casos los denunciantes provienen de instituciones como la Universidad de Harvard y el propio Estado Noruego que retiró financiamiento a Barrick por las circunstancias relativas a la contaminación entorno a su proyecto en Papua Nueva Guinea.
(ver las refutaciones de Barrick: http://www.barrick.com/CorporateResponsibility/KeyTopics/Bill-C-300-Submission-to-the-Standing-Committee/default.aspx).
En pocos días podría haber una votación sobre la Ley C-300 en Canadá. El lobby minero, al igual que hizo en Argentina con la Ley de Glaciares, intentará frenar la ley. Esperemos gane la racionalidad y la sustentabilidad y que prospere la ley C-300.
Para más información
www.cedha.org.ar