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Comisión Interamericana de Derechos Humanos Llama a Proteger a Defensoras y Defensores Ambientales en Tiempos de Emergencia Climática
3 de octubre, 2019 – Washington D.C. – Miembros de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatores Especiales del Sistema Inter-Americano de Derechos Humanos escucharon testimonios el viernes pasado durante una audiencia de activistas ambientales del continente que han sido criminalizados por sus acciones de defender al Planeta, y llamaron al Sistema Inter-Americano a defenderlos.
En su Comunicado de Prensa luego de la finalización del periodo 173 de audiencias la CIDH anuncio:
«La CIDH alerta sobre los altos números de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región, ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como intensos procesos de criminalización que continúan registrándose en la región. Estos hechos mantienen a la región americana como la más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos. Particularmente, preocupa a la Comisión la información recibida sobre la utilización arbitraria del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos como método para obstaculizar o paralizar las causas de defensa de derechos humanos en la región, en particular contra las personas defensoras del derecho al medio ambiente. Al respecto, en el marco de las audiencias celebradas, la CIDH reiteró su posición y señaló que redoblará sus esfuerzos para enfrentar este fenómeno.»
Dinah Shelton, ex-Relatora Especial para Pueblos Indígenas y anterior Presidente de la CIDH, abrió la audiencia realizada en Washington D.C., fijando el marco de la discusión. Enfatizó que la temática tratada en la audiencia era “extremadamente importante, particularmente a la luz del cambio climático sin precedente que el mundo está enfrentando hoy.”
Shelton describió las características típicas y el significado de la creciente tendencia de la criminalización de Defensores Ambientales. “Las Defensoras y Defensores Ambientales están defendiendo a un grupo de derechos humanos y por ese trabajo, están siendo criminalizados y procesados. Se les está imputando cargos falsos y están siendo atacados de múltiples maneras. Más de 140 países hoy cuentan con el Derecho a Un Ambiente Seguro y Sano en sus legislación. Estos activistas, en realidad, están defendiendo a este derecho. Los Estados están utilizando indebidamente al derecho penal para procesar a estos activistas. El tema principal que estamos enfocando hoy es el procesamiento por el Estado de Defensoras y Defensores Ambientales, pero el Estado, de manera cómplice, también está llevando a actores corporativos, a utilizar tácticas para atacar a Defensoras y Defensores Ambientales. Esto no solamente genera un impacto en individuos y en sus organizaciones, pero también tiene un efecto escalofriante para todos los defensores de los derechos humanos. Los contaminadores obtienen ventajas sobre Defensoras y Defensores Ambientales y limitan al control ambiental”.
Activistas ambientales de toda la región latinoamericana, incluyendo de Argentina, Perú, Chile y México, ofrecieron ejemplos preocupantes en lo que fueron testimonios emotivos que detallaron como la policía, el poder judicial y otras agencias del Estado y también actores privados, abusan sistemáticamente y criminalizan a las Defensoras y Defensores Ambientales mediante detenciones arbitrarias y encarcelamientos prolongados sin juicio, mediante falsas acusaciones y casos judiciales armados que pueden perdurar por años, mediante la violación del debido proceso judicial, y mediante ataques en los medios sociales, entre otros, para desprestigiar a los activistas que luchan por la protección del ambiente.
Las víctimas compartieron ejemplos en sus propios casos demostrando como contaminadores con poder político y apoyo de los medios y con el poder de influenciar a jueces y tribunales, mantienen una guerra sostenida en contra de Defensoras y Defensores Ambientales y sus allegados. Belén Curamil, hija del líder indígena Mapuche, Alberto Curamil, en Chile (recipiente del prestigioso Premio Goldman 2019), relató como su padre fue, a raíz de una denuncia anónima, indebidamente encarcelado desde el 2018 sin la realización de un juicio como producto de su lucha en contra de dos hidroeléctricas proyectadas en el sur de Chile. Detalla cómo la causa penal inventada contra su padre evidencia reiteradas violaciones al debido proceso. Milton Sánchez de Perú describió como fue arrestado y que un fiscal lo acusa de disturbios de paz, luego de que se manifestó abiertamente en contra de un emprendimiento minero rechazado por la comunidad por el impacto ambiental que genera en sus tierras. Eduardo Mosqueda es otro Defensor Ambiental, arbitrariamente arrestado en México en el año 2015, mientras defendía a la comunidad indígena Nahua. Romina Picolotti, una de las coordinadoras de la audiencia, y fundadora de del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, también ofreció a la CIDH el relato de la persecución en su contra. Como Secretaria de Ambiente de Argentina Picolotti creó y capacitó a una fuerza de control ambiental que realizaría en un año más de 9,000 actas de control de cumplimiento de normativa ambiental en contra de grandes contaminadores. En el año 2007 se inicia una causa penal sin fundamentos en su contra que ya lleva más de 12 años con violaciones recurrentes a las garantías del debido proceso, manipulación grosera de evidencia y violaciones al derecho de defensa.
Luego de escuchar los testimonios, los Comisionados y los Relatores Especiales reconocieron la necesidad de obrar por proteger a las Defensoras y Defensores Ambientales. Joel Hernández, Vice-Presidente de la Comisión Inter-americana de Derechos Humano (CIDH), enfatizó, “si algo estamos enfrentando es el riesgo de extinción de nuestro planeta y en este momento el rol que juegan los Defensores cobra un rol fundamental. Hernández llamó a la CIDH a reforzar su trabajo y a examinar lo que se ha hecho a la fecha y lo que podría hacerse en el futuro para proteger a las Defensoras y Defensores Ambientales. “También tenemos que mirar hacia el interior de nosotros, a nuestro sistema de casos y peticiones para que sea oportuno, para que sea eficaz y para que tomemos medidas urgentes porque la defensa del planeta no puede aguantar a que solucionemos el rezago histórico de esta Comisión; es un tema de urgencia”.
Soledad García Muñoz, actual Relatora Especial de Asuntos Sociales, Culturales y Ambientales indicó durante la audiencia que “Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las Defensoras y los Defensores Ambientales”. La Relatora resalta “el rol imprescindible que tienen quienes defienden el ambiente, la tierra, los territorios, en proteger a nuestro planeta de la crisis climática que estamos viviendo y que se está agudizando. El propio respeto y garantía del medio ambiente sano debería implicar la protección de quienes defienden el medio ambiente. Va de suyo que sin Defensoras y Defensores del ambiente no hay derecho al medio ambiente realizado”. “Espero”, dice la Relatora, “que la Comisión pueda avanzar en esa estandarización pues no hay tiempo que perder.”
Francisco Eguiguren, el Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos dijo luego de los testimonios, “Nos vuelve a poner ante la necesidad de emprender como Comisión, el mayor número de acciones posibles en una realidad que lamentablemente en nuestro continente, que puede tener la felicidad y la tragedia de ser ingente de tener los recursos naturales valiosos que generan la avaricia, que generan la voracidad, de muchas empresas, y también, hay que decirlo, no solo de empresas y grandes empresas, sino de actores internos que a través de mecanismos como la tala ilegal, la minería ilegal, es decir, personas también del propio país, que destruyen los recursos naturales, que no tienen escrúpulo, para sacar del camino, amenazar o asesinar a quienes se le ponen enfrente en defensa del medio ambiente”.
Antonia Urrejola, Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas llamó la atención sobre el impacto del cambio climático en relación a los derechos humanos. Citó numerosos casos de criminalización de Defensoras y Defensores Ambientales en Perú, Chile y Colombia, donde ambientalistas, incluyendo comunidades indígenas, están siendo atacados. “Vemos en Chile, por ejemplo, que se utiliza la ley anti-terrorista para criminalizar a los movimientos sociales”. Agregó además la idea de crear puentes con los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Inter-Americano de Derechos Humanos (BID), dos organizaciones que pueden incidir en grandes corporaciones para mejorar sus controles ambientales y sociales. Finalmente llamó a la CIDH a enfocarse con mayor detenimiento en el abuso cometido por los jueces a fin de que éstos cambien su perspectiva. “Los jueces también son responsables en la criminalización”, dice Urrejola.
Edison Lanza, Relator Especial sobre la Libertad de Expresión se solidarizó con las víctimas e hizo referencia al informe publicado el mismo viernes pasado, por las organizaciones que solicitaron la audiencia, que describe un marco conceptual para entender la criminalización de las Defensoras y Defensores Ambientales, detallando decenas de casos de abusos que han ocurrido o están ocurriendo en la región latinoamericana, personas que han sido criminalizadas en sus respectivos países. “Creo que el informe da muy en el clavo sobre la manipulación del derecho penal creciente en la región para utilizar figuras que no aparecían como clásicas en el marco de protesta o en el ejercicio de defensa del derecho, para generar procesos penales largos, prisiones preventivas, que generan impactos en los defensores y efectos inhibitorios”, dijo Lanza.
Viviana Kristicevic, Directora del Centro de Justicia y Derecho Internacional, organización que históricamente representa legalmente a numerosas víctimas con casos de violaciones de derechos humanos ante la Comisión también habló en la audiencia. Kristicevic consideró “que es muy complejo enfrentar esta dinámica, porque viene con la legitimidad del uso indebido de un aparto del Estado, las autoridades y sociedad reaccionan inhibiéndose, pero la criminalización tiene un poder sobre las comunidades y sobre las personas que es equivalente a una muerte civil. Tiene un peso realmente muy desproporcionado. Es necesario ajustar y responder a la dimensión y a la urgencia del problema. Algunos ajustes con medidas cautelares podrían ser oportunos y necesarios. La Comisión ha estudiado el tema de la criminalización en distintos contextos, incluido con respecto a la libertad de expresión … cuando se utilizaban y se siguen utilizando algunos tipos de procesos penales en contra de personas protegidas como periodistas para inhibir su acción. Creemos que se podrían hacer cosas similares con personas Defensoras del Ambiente.”
Romina Picolotti, ganadora del prestigioso Premio Sofia en 2006 por vincular los derechos humanos con al ambiente, felicitó a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos por llamar la atención sobre la situación que enfrentan las Defensoras y Defensores Ambientales de la región, explicando, “Mientras los científicos advierten sobre la emergencia climática y la amenaza existencial de un cambio climático irreversible, actores que se han beneficiado de manera desproporcionada de la explotación insostenible de recursos naturales, corren el riesgo de perder ganancias exorbitantes como consecuencia de controles ambientales más estrictos. Nosotros, como Defensoras y Defensores Ambientales, estamos en la mira y somos víctimas de la persecución, criminalizados para frenar nuestro intento de proteger al planeta. Las Defensoras y Defensores Ambientales, como ‘grupo’, estamos siendo atacados, y esto tiene severas consecuencias para los individuos, para sus familias, para las organizaciones civiles que representan y para la democracia. La criminalización de Defensoras y Defensores Ambientales es particularmente alarmante pues los procesos judiciales de los Estados cuentan con la apariencia de legitimidad. El público generalmente no se da cuenta que la ley está siendo manipulada para atacar a ambientalistas. Necesitamos una fuerte y coordinada acción internacional para proteger a los ciudadanos del mundo que están tratando de proteger a la Tierra.”
Para más información contactar a:
Jorge Daniel Taillant, Director – Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
[email protected]; +1 (415) 713 2309
Link al video de la audiencia: https://www.youtube.com/watch?v=EeF2EFwsnyE
Link al Informe sobre Criminalización de Defensoras y Defensores Ambientales: