Mientras en la Legislatura se sigue discutiendo el futuro ordenamiento territorial de los bosques provinciales, familias campesinas marcharán desde distintos puntos de la provincia hacia la capital, en defensa del derecho a la tierra y por la protección del bosque nativo.
Desde el 25 de abril, tres columnas provenientes del noroeste, norte y las Altas Cumbres en la provincia de Córdoba, recorrerán las ciudades de Serrezuela, Soto, Cruz del Eje, Villa Dolores, Deán Funes, Jesús María, entre otras zonas, y convergerán en la ciudad de Córdoba, el día viernes 30 de abril, donde marcharán a la Legislatura Provincial.
La caminata es convocada bajo el lema “Tierra y Bosques en muchas manos, alimento sano para todos” y tiene como fin exigir soluciones concretas ante la situación que padecen un sinnúmero de familias campesinas, destacando en especial la problemática jurídica y social de la tierra y la situación crítica que atraviesa el bosque nativo cordobés.
Por otra parte, en la Legislatura, Marcelo Falo, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, aseguró durante la reunión semanal de la Comisión de Asuntos Ecológicos, que se sigue trabajando en el texto final de la “ley de bosque”, en base a la propuesta elaborada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), la cual ha recibido ya numerosos aportes.
Sin dar fechas precisas esta vez, Falo aseguró que la ley debe salir a fines de este mes o principios del mes de mayo. Así también, señaló que los legisladores seguirán trabajando durante esta semana sobre algunos puntos finales que aun necesitan ser consensuados.
La semana pasada, legisladores del radicalismo y sectores industriales habían asegurado que presentarían un proyecto de ley alternativo al elaborado por la COTBN.
Cabe aclarar que tanto la Ley General del Ambiente como la Ley Nacional de Protección del Bosque Nativo, ambas de presupuestos mínimos, exigen que este ordenamiento se realice de manera participativa. Internacionalmente, la participación pública es entendida como el derecho individual del ciudadano de poder incidir en políticas sobre las cuales es el beneficiario directo, así como de tener instrumentos para enfrentar al Estado cuando sus intereses son agredidos o violados por éste. La participación deber ser concebida como un proceso completo que incluya además del derecho a ser escuchado, el derecho a tener respuesta de la administración.
Desde CEDHA creemos que el hecho de que un solo sector o grupo de interés político-económico impulse unilateralmente una propuesta en esta instancia, implica no solo desconocer el mandato de estas leyes nacionales sino también desconocer el esfuerzo de dos años de trabajo organizado desde la ciudadanía, en forma plural y transparente, cuyo resultado ha sido un proceso participativo sin precedentes. Apelamos a que esta última etapa de consenso y aportes den por pronto resultado una herramienta legal ejemplar, no sólo para Córdoba sino también para las demás provincias argentinas.
Para más información:
Alejandro Vera
Clínica Jurídica y Legislativa de DDHH y Ambiente
Laura Giménez
Acceso a la Información y Participación Pública