El fallo de la Haya tanto esperado por el pueblo de Gualeguaychú seguramente y lamentablemente no pedirá la relocalización de la pastera Botnia, como debería ser, por haber sido este mega emprendimiento industrial proyectado en un lugar indebido y sin la aprobación del país vecino, y menos de la gran parte de la comunidad directamente afectada por su producción.
Sin embargo, la legítima y estoica resistencia de los residentes de Gualeguaychú, ha transformado para siempre el escenario regional en cuanto a la conciencia y movilización ambiental que ahora vivimos en el país, y eso, al fin del día, es una invalorable victoria de un pueblo ejemplar en su conciencia colectiva ambiental. Hay un antes y un después de Gualeguaychú.
Pocas veces antes (Esquel es un ejemplo en menor escala), un pueblo Argentino se paró para reclamar el derecho a ser oído, el derechos a la resistencia, y el derecho a garantizar su ambiente sano, un derecho consagrado a todos los Argentinos en el Constitución Nacional.
Con Gualeguaychú apareció en Argentina el término de “licencia social” instalándose para siempre en el léxico regional, como aquél derecho otorgado por una comunidad a los operadores comerciales en su ámbito. Hoy, por ejemplo, no hay gran emprendimiento (y la minería a gran escala es un perfecto ejemplo) que no tenga que pasar por la opinión y aprobación explícita de los residentes de la comunidad. Y se bien esta aprobación no es una licencia formal, ni obligatoria, no hay gran emprendimiento industrial en un sector ambientalmente sensible en Argentina que hoy no entienda que la licencia social puede frenar su obra, por más grande y más poderosa que sea. Así le fue a ENCE, la empresa pastera española que se proyectó junto a Botnia que se tuvo que ir, y Botnia estuvo demorada 18 meses en lograr el financiamiento que precisaba para terminar su obra, todo por falta de licencia social.
Con Gualeguaychú se insertó un debate nacional sobre el medio ambiente, instalándose en el seno de la política nacional, movilizando no solamente la política provincial sino también al gobierno nacional que dio riendas y apoyo político y financiero a la temática ambiental durante casi tres años, período en el que se quintuplicó el presupuesto ambiental, donde se embarcó en una política de saneamiento ambiental (en la Cuenca Matanza-Riachuelo) y se abordó el control minucioso del sector industrial en el cumplimiento de normativa ambiental. (Hoy flaquea, pero ya existe en la conciencia colectiva y política que una mejor y verdadera política ambiental es posible).
Con Gualeguaychú se movilizaron comunidades de todo el país, luchando por sus derechos, y resistiendo la embestida sin controles ambientales serios, de proyectos industriales de gran escala y de enorme riesgo para el ambiente y las personas, como son la minería. Se acabaron los días donde la minería a gran escala roba tierras y se lleva ganancias al extranjero, sin el más mínimo o nulo control sociales o ambiental de su impacto, sin que los pueblos digan nada. Hoy comunidades inspiradas por el ejemplo de Gualeguaychú, en San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Rio Negro, y tantas provincias más, están alertas a los impactos de la industria contaminante como es la industria del papel, en sus alrededores, se movilizan, piden información, exigen cumplimiento a la normativa, y nunca más podrán los intereses económicos industriales sin escrúpulos, avasallar los derechos de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano.
Con Gualeguaychú los jueces aprendieron que la degradación ambiental afecta a personas, y que los derechos deber ser protegidos. Fue después del inicio de gran movimiento entrerriano que los jueces Argentinos empiezan a tomar acción en materia de impacto ambiental. El ejemplo de Riachuelo es contundente. Esto también se lo debemos en gran medida a Gualeguaychú.
Con Gualeguaychú tembló el Directorio del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional, temblaron bancos estatales europeos (como Finnvera de Finlandia), y bancos privados multinacionales (como ING que retiró su apoyo a Botnia por el conflicto, y Calyon y Nordea que tuvieron que replantearse su procedimiento de revisión de proyectos a financiar a fin de no ser cómplices en violaciones de derechos humanos). Y también se movieron innumerables otras instituciones financieras y políticas internacionales que tuvieron que revisar sus políticas internas respecto a como promueven financiamientos privados en gran escala respecto a la licencia social, a la normativa ambiental y también la social. Todo esto gracias a Gualeguaychú.
Con Gualeguaychú se despertó de una manera contundente una sensibilidad del pueblo argentino y del ciudadano común a la materia ambiental, y su lucha incansable obligó a una multiplicidad de actores oficiales y privados a tomar conciencia de lo que antes ignoraban o no querían ver.
El fallo de la Haya, que se espera en las próximas horas será conservador, y dado el historial de la corte, seguramente no se animará a asumir la responsabilidad que nos toca como comunidad mundial en la protección de ambiente, del procedimiento, de la norma, y del sentido común.
Pero una cosa está clara, el pueblo de Gualeguaychú ha dejado una marca inolvidable en la conciencia nacional colectiva y en muchos círculos internacional también. Su lucha será para siempre recordada como el primer gran paso que hizo nuestro país en la creación de una conciencia ambiental.
Para más información:
Jorge Daniel Taillant