Notas y aportes finales de CEDHA para la sesión de este jueves 30 de septiembre sobre protección de Glaciares
El martes 21 de septiembre, los gobernadores de las provincias de San Juan, La Rioja y Jujuy, expusieron en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación su postura acerca del proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y ambiente periglaciar a discutirse el próximo jueves 30 de septiembre.
Luego de la primera sanción del Senado (versión Filmus original) y de la sanción con modificaciones de la Cámara de Diputados (acuerdo Filmus – Bonasso), este jueves los senadores nacionales tienen la histórica responsabilidad de definir con su decisión el destino del agua para todos los argentinos.
Frente a la magnitud de los intereses en juego, es una falta total de respeto a las instituciones constitucionales que los principales argumentos introducidos al debate por los tres gobernadores presentes sean erróneos y malintencionados. Los mismos no hacen más que entorpecer el arduo camino construido, en pos de una pronta regulación que proteja nuestro recurso más preciado.
No es cierto, como afirmara el gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, que sea un “acto de hostilidad” que el Estado dicte “una ley por sobre o en contra de la opinión de las provincias”. Es erróneo pensar que el dominio originario de los recursos naturales que las provincias poseen, derive en un igual poder de regulación sobre los mismos. Es un principio incuestionable por la doctrina en el derecho ambiental que “dominio” y “jurisdicción” no implican lo mismo. Si bien, en definitiva, el control definitivo y real siempre va a depender de la autoridad local, la potestad del Congreso de la Nación de establecer restricciones uniformes y de base, a través de una ley de presupuestos mínimos, es una facultad otorgada por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
No es cierto, como afirmara el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, y sus pares presentes, que las provincias de ahora en más no podrían desarrollar minería. Lo aprobado en Diputados no es un proyecto “anti – minero”, sino focalizado solamente en la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar. La actividad minera sustentable, que no implique un “impacto significativo” sobre estos recursos no se verá afectada. La afirmación del gobernador sólo pone en evidencia que la actividad minera actualmente está ocasionando un daño irreversible sobre los mismos.
No es cierto, como señaló el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que la realización del inventario estará centralizada en el instituto del CONICET radicado en Mendoza, IANIGLA. A más de lo que dice el proyecto, sus autoridades han asegurado que la realización del mismo será coordinada con las autoridades provinciales y nacionales. No ayuda al proceso anteponer “celos” académicos o u otros intereses a la crucial misión de elaborar un inventario nacional y único que tanto necesitamos.
Argentina necesita elevar sus estándares de protección en estas zonas, e impulsar políticas públicas ambientales a nivel nacional y local que impliquen un verdadero cambio de la situación actual.
La versión original de Filmus no implica un camino hacia ese cambio. Tampoco es viable una tercera opción, como ha trascendido últimamente, que deseche a elección algunos artículos como el 2° (definiciones), 5° (realización del inventario), 7° (prohibiciones), 15 (actividades en ejecución) o 17 (moratoria de autorizaciones) de lo aprobado en Diputados, puesto que ellos son la esencia de las modificaciones introducidas en Diputados, y cambiarlas, a pesar de lo establecido en el reglamento del Senado, vulneraría en esencia el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional.
Como lo venimos sosteniendo, los glaciares argentinos necesitan una ley que estipule prohibiciones y medidas contundentes de protección. Una definición amplia sobre el ambiente periglaciar puede ser precisada en la reglamentación, y en definitiva en la elaboración misma del inventario. Sin embargo, la falta de medidas claras en torno a las actividades ya en ejecución, no puede ser dejada en manos de quienes hasta ahora no han demostrado un serio compromiso por el control ambiental de ciertas actividades. Sólo por dar un ejemplo, en la resolución que autoriza el Informa de Impacto Ambiental de Pascua Lama, se indica: “El área de permafrost discontinuo (suelos congelados) que será afectada por las obras del Proyecto Pascua-Lama es de 300 ha, lo que representa el 17% del área de permafrost discontinuo de la cuenca del Arroyo Turbio”
El Congreso de la Nación está frente a una posibilidad histórica de demostrar un compromiso claro en torno al desarrollo sustentable de nuestro país. La diferencia entre ambos proyectos es abismal. Es el precio que nuestra generación y las futuras pagarán por el recurso más vital: el agua. Señor senador, apoye el acuerdo Filmus – Bonasso. Vote a conciencia.
Para más información
Alejandro Vera
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